La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, consideró que emprender una reforma al Poder Judicial requiere analizar de manera integral el papel que juegan no sólo los jueces, magistrados y ministros, sino también las policías civiles, la Guardia Nacional y los ministerios públicos.
Al participar en el 15º Foro Regional y cierre del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por el Poder Judicial, dijo que es urgente para la nación contar con una agenda de seguridad y justicia integral, que brinde certeza a la ciudadanía, proteja los derechos humanos y genere una correcta y coordinada colaboración entre las autoridades e impartidores de justicia.
Estoy segura que los resultados alcanzados en este ejercicio serán de gran utilidad para toda esta discusión que se está llevando a cabo en la Cámara de Diputados, y que servirá para construir una reforma integral a la altura del Estado mexicano, afirmó.
Seguridad pública e impartición de justicia, dos pilares fundamentales de la democracia
Que se encuentran interconectados y su correcto funcionamiento es crucial para mantener el Estado de derecho. Sostuvo Guerra Castillo que el alto porcentaje de percepción de inseguridad trasciende al Sistema de Justicia cuando los delitos quedan impunes, cuando los procesos judiciales son muy largos, costosos y complicados, y cuando las víctimas no reciben una reparación justa al daño recibido.
En el año 2024, dijo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada por el Inegi, advierte que el 61 por ciento de la ciudadanía considera que es inseguro vivir en su ciudad por la delincuencia; el 69 por ciento manifiesta sentirse inseguro en los cajeros automáticos; el 64 por ciento, en el transporte público; el 54 por ciento, en las carreteras, y el 53 por ciento, en los bancos. La cifra de delitos no denunciados alcanza el 92 por ciento.
Esta falta de denuncias se agrava con la impunidad, lamentó.
La Encuesta sobre Percepciones de Impunidad 2023 indica que la mayoría de las personas entrevistadas considera que nunca o casi nunca los responsables de un delito son llevados a un juez. El 10 por ciento considera que los agentes del Ministerio Público no investigan los delitos; el 9 por ciento, que los policías no detienen a los delincuentes, y el 11 por ciento, que los jueces muchas veces liberan a los delincuentes.
