En Nueva York, el contador del excapo Mario Pineda Villa, identificado como Israel Ávila, dijo en un tribunal que registró en sus libros contables más de 10 millones de dólares en supuestos pagos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, a cambio de seguridad e información.
Israel Ávila, que cumple condena en la Unión Americana por narcotráfico señaló que, como contador de Pineda Villa, alias MP y Gordo Malo, registraba los ingresos obtenidos del tráfico de drogas, así como los gastos y los pagos por los servicios de seguridad estatales, federales y municipales, amén de los sueldos de los trabajadores o los alquileres de casas y almacenes.
Pineda precisó que esos pagos no eran directos a García Luna, sino que se hacían a través de otros capos, entre los que citó a Jesús El Rey Zambada, el clan de los Beltrán Leyva y también a los narcos Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Sostuvo que el mayor pago que registró a nombre de García Luna fue de cinco millones de dólares, pero también refirió pagos de tres millones, un millón y de 1.8 millones de dólares.
Mencionó que en lugar de registrar el nombre del funcionario mexicano, junto a los pagos se escribía El Tartamudo y El Metralleta, apodos con los que algunos capos se referían a Genaro García Luna.
El testigo habló también
De un pago de 500 mil dólares que hizo, en persona, al secretario de Seguridad Pública de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca, que en los libros contables se identificaba con el sobrenombre de El de los Cuernos, El Cabeza o Vaca.
Pineda Villa que fue condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos y espera ser liberado a finales de 2025, admitió que realizó otras labores para sus jefes, como la participación en secuestros y torturas.
Durante las dos semanas de proceso
La defensa de Genero García Luna ha recriminado la ausencia de pruebas físicas como fotografías, mensajes de texto o grabaciones de audio o video.
Por ende, ha intentado desacreditar a los testigos por ser capos y sicarios que, arguyen, están testificando a cambio de rebajas de penas carcelarias o como represalia contra el otrora ex súper secretario por su lucha contra el tráfico de drogas.