Al fundamentar el documento por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su presidente, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (Encuentro Social), señaló que es un parteaguas hablar de la reivindicación de los derechos laborales de quienes han desarrollado sus funciones bajo el esquema de la ya desaparecida figura jurídica de la subcontratación.
Sostuvo que en abril, se aprobaron tiempos para su cumplimiento, como lo es la entrada en vigor el primero de agosto. Recordó que con las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley del Impuesto al Valor Agregado se dieron 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, a fin de obtener el registro correspondiente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para cumplir las obligaciones en seguridad social.
A partir de la entrada en vigor del decreto y a la fecha, más de 70 mil empresas han ingresado al registro; de ese universo, 25 mil 500 lo concluyeron. Con ello, dijo, se puede expresar que existe voluntad de los empleadores en el avance del cumplimiento de sus obligaciones; de ahí que las comisiones dictaminadoras realizamos la propuesta de ampliar el plazo para que sea hasta el primero de septiembre próximo, argumentó.
Ello -añadió-, permitirá que se cumplan las obligaciones que se establecieron en el decreto.
Mientras más pronto se lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social que los empleadores deben realizar -acotó-, más certidumbre y protección legal tendrán las trabajadoras y los trabajadores del país.
Muchas empresas han demostrado la voluntad de cumplir, pero necesitan un plazo mayor
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), refirió que el tema se aprobó el pasado mes de abril y el 21 de julio se presentaron dos iniciativas para modificar el decreto, con la finalidad de reformar el plazo que se les había otorgado a las empresas para migrar al esquema de contratación que elimina la subcontratación.
Mencionó que en el dictamen la mayoría representada en ambas comisiones reconocieron que las cifras institucionales señaladas por el IMSS establecen que a la fecha dos millones 300 mil empleados han pasado del esquema de subcontratación a formar parte de las empresas a las cuales prestaban sus servicios.
En el caso del Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, añadió, a la fecha existen 70 mil empresas que han ingresado al registro; de ese universo, 25 mil 500 lo concluyeron y múltiples empresas han demostrado la voluntad de cumplir, pero hicieron ver la necesidad de tener un plazo mayor a fin de obedecer las obligaciones.
No debemos dejar fuera la postura de otro grupo de diputadas y diputados que coinciden en que el plazo que se otorga en el presente dictamen no es suficiente y sigue siendo un trato diferente al plazo del cual goza ahora el sector público. Compañeras y compañeros, no se vayan a sorprender si en menos de un mes nos vemos nuevamente para discutir el presente tema, arguyó.
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Un mes, plazo insuficiente para que empresas concluyan trámites por reforma de subcontratación
