El diputado Fernando Torres Graciano (PAN) planteó establecer como delito de ejercicio ilícito de servicio público la difusión de imágenes, audios o videos almacenados en aparatos electrónicos o en cualquier otro medio, soporte o formato de información tecnológico, que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.
Las reformas propuestas son al Código Penal Federal y a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
También precisa que al servidor público que, en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación o marginación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, “ya sea de manera física o a través de la utilización de imágenes, audios o videos almacenados en aparatos electrónicos o en cualquier otro medio, soporte o formato de información tecnológico”, se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta 200 días multa.
En la iniciativa
Remitida a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos, se destaca que la información que llega a ser filtrada por los servidores públicos puede afectar las investigaciones, dando como resultado procesos mal ejecutados que permiten en algunos casos que los imputados salgan libres de toda repercusión y castigo.
Refiere que hay casos en donde los propios elementos de la policía no solo violan los derechos humanos, sino también afectan el debido proceso por grabar a los detenidos e imputados de algún hecho ilícito, lo cual perjudica a un proceso claro y transparente, y da la posibilidad al presunto imputado de salir impune por la mala actuación de los elementos de seguridad.
Por ello, considera necesario detener esta sustracción de evidencia física, digital o documental por parte de los servidores públicos que victimizan, revictimizan, degradan y humillan a las víctimas y familiares de estos hechos.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, modifica los artículos 214 del Código Penal Federal y 29 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
