En Francia, los férreos opositores del pasaporte sanitario COVID salieron a las calles de varias urbes del país, por quinta semana consecutiva, para protestar contra su instauración, necesario para acceder a los lugares públicos.
Dicho documento, que da fe de que la persona está inoculada contra el nuevo virus, es necesario para tomar un café, ir al cine o al museo y hasta para tomar un transporte público en esa nación europea. En su defecto se puede presentar un test de diagnóstico negativo.
Para el presidente galo Emmanuel Macron, es la manera de fomentar la vacunación, proteger a la población y evitar nuevos confinamientos.
Para sus detractores, esta ley aprobada a finales de julio, es un abuso de poder que corta las libertades esenciales, divide y segrega.
Desde principios de julio
Esta escalada de protestas sigue aumentando. Según el colectivo Le Nombre Jaune (el número amarillo), que publica en Facebook un recuento de las protestas ciudad a ciudad, al menos 415 mil personas salieron a las calles de Francia la semana pasada.
El gobierno galo pretende que a finales de agosto, 50 millones de ciudadanos hayan recibido al menos una dosis de la vacuna.
