En San Lázaro, continúa el Parlamento Abierto sobre la propuesta de reforma eléctrica enviada por el titular del Ejecutivo Federal.
Los participantes analizaron los temas de energías limpias, contratos, despacho de energía, mercado y competencia eléctrica.
Fabián Vázquez Ramírez, del Mercado de Día en Adelanto, del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), dijo que la iniciativa plantea un modelo inédito a nivel nacional y mundial al proponer que el Estado genere, al menos, 54 por ciento de la demanda de energía eléctrica, y el resto de los participantes, 46 por ciento.
Paul Alejandro Sánchez, ombudsman energético, dijo que la reforma propuesta sí afectará los precios para todos los consumidores. Si no pagamos más, se deberá cubrir con aportaciones federales.
Además, entrarían en funcionamiento plantas más viejas, caras y contaminantes, desplazando a las baratas, renovables y limpias, arguyó.
Añadió que el despacho hidroeléctrico debe ser sustentable en el tiempo, porque no es la solución para una matriz energética sustentable y no se puede utilizar la totalidad de las hidroeléctricas para sostener el sistema eléctrico.
Se pueden generar mercados paralelos de producción
Gabriela Reyes, directora de Aprovechamiento Sustentable de la Energía, explicó que en las reformas eléctricas del mercado mexicano se han incorporado a productores independientes en la comercialización de energías; sin embargo, las capacidades de producción no están topadas y con esto, indicó, se pueden generar mercados paralelos de producción.
Dijo que lo que eroga la Comisión Federal de Electricidad, lo pagamos los mexicanos. Consideró que es necesario discutir si entran las energías renovables o no, y aprender a tener más de un modelo y no caer en un subsidio cruzado; hay un hueco en las finanzas públicas y lo que se tiene que resolver es la forma en que se despacha la energía en el país.
Fernando Bueno, abogado especialista en temas energéticos, comentó que el diálogo y el intercambio son los únicos instrumentos para nutrir esta reforma y que no es conveniente para México, debido a que pretende incorporar al Centro Nacional de Control de Energía a la CFE, situación que repercutiría en la sana competencia.
Acotó que esto implicaría mayor costo de la electricidad para los usuarios y empresas e incidiría en la pérdida de competitividad con otras económicas internacionales. Tampoco se garantizaría el despacho de energías renovables como una política de Estado.
