Con el objetivo de que el Congreso de la Unión tenga la facultad para expedir las normas de carácter general en materia de ciberdelincuencia y cibercrimen, que contengan los mecanismos de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y el diseño de una estrategia nacional de inteligencia cibernética y policial, la diputada Juanita Guerra Mena (Morena) propuso adicionar la fracción XXIII Ter al artículo 73 de la Constitución Política.
Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Incluir a la seguridad como objetivo de la política turística
En tanto, Xavier Azuara Zúñiga (PAN) propuso cambios al artículo 2 de la Ley General de Turismo, con el objeto de establecer que en las bases para la política, planeación y programación de la actividad turística nacional se incluya el criterio de seguridad. Se turnó a la Comisión de Turismo.
Resolver casos de ejecuciones y desaparición forzada
La legisladora Elizabeth Pérez Valdez (PRD) propuso expedir la Ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el periodo 2006-2020, la cual tiene el objetivo de investigar, analizar y aportar elementos históricos, sociales, políticos y jurídicos para esclarecer casos de ejecuciones y de desaparición forzada que hayan tenido su inicio en este periodo. Se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen, y a las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
Garantizar educación en casos de emergencia
Con reformas y adiciones a los artículos 29 y 35 de la Ley General de Educación, el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) busca que en los planes de estudio se establezcan las bases para el diseño e instrumentación para la modalidad de clases virtuales o en línea en casos de emergencia, declarado por el Consejo de Salubridad General. Fue remitida a la Comisión de Educación.
Se deberá institucionalizar con perspectiva de género
La diputada Kathia María Bolio Pinelo (PAN) propone reformar los artículos 1, 17 y adicionar un párrafo al artículo 41 de la Constitución Política, para que quienes estén en un proceso jurídico tengan derecho a una resolución o sentencia con perspectiva de género.
Asimismo, que las secretarías y órganos autónomos deberán institucionalizar la perspectiva de género como principio rector en el desempeño de sus funciones y en la operación de las áreas que correspondan. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Igualdad de Género.
