La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá (PAN) impulsa una iniciativa para que las universidades, instituciones públicas de educación superior y los centros públicos de investigación, puedan gestionar y administrar de manera autónoma los recursos económicos que se obtienen por concepto de actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación con los sectores social, productivo, académico o internacional.
El documento, que se agregó un artículo 33 Bis a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, fue turnado a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La iniciativa tiene como objeto resolver la ausencia de un reconocimiento claro al derecho de las instituciones públicas a gestionar y ejercer de forma autónoma los recursos que generan a través de sus propias actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o vinculación con el sector social y productivo.
Actualmente
La normatividad presupuestaria y administrativa en México, no distingue entre los recursos que las instituciones científicas generan por sí mismas a través de convenios, prestación de servicios de transferencias tecnológicas y aquellos que provienen del subsidio federal.
Esto ha provocado que los recursos autogenerados sean tratados como ingresos excedentes, sujetos a reintegros o a la autorización de autoridades hacendarias para su uso, lo que restringe su aprovechamiento institucional y desincentiva la productividad académica.
La reforma no solo atiende a un vacío legal
También fortalece el principio constitucional de progresividad del derecho a la ciencia, al permitir que los beneficios del conocimiento generado por las instituciones públicas se reinviertan en su mejora continua y en el bienestar colectivo.
Además, la reforma está apegada a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
La propuesta no exime del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, ni excluye a las autoridades competentes del seguimiento del gasto público.
No implicaría un gasto adicional para el erario, ni modifica el régimen presupuestario de subsidios públicos, simplemente reconoce el derecho de las instituciones a administrar con autonomía los recursos que ellas mismas generan, en apego a las leyes de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia.
