Se ha hablado mucho acerca del famoso Plan C de López Obrador. Parte de ese proyecto es, precisamente, la reforma constitucional al Poder Judicial. Una reforma constitucional para ser aprobada, requiere la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso (334 diputados y 86 senadores). También que, al menos, 17 congresos estatales lo aprueben.
Mary Sadoval*
El Poder Judicial y su capacidad de autorregulación
El Poder Judicial es el sistema de Tribunales que se encarga de aplicar, interpretar, y defender la ley, en nombre del Estado Mexicano. Es un órgano fundamental del sistema político que vela por la justicia y el cumplimiento de la Ley.
Está integrado por los Tribunales de Circuito (Colegiado Y Unitarios), los Juzgados de Distrito, Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La cabeza principal es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hablemos de las funciones de la Suprema Corte, que es la parte del poder judicial por la que el expresidente López Obrador sacó su famosa reforma. Entre sus responsabilidades está el salvaguardar el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y los diferentes ámbitos del gobierno, a través
de resoluciones judiciales que emite.
Además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. La Corte se integra por 11 ministros con mandato fijo de 15 años en el cargo; uno de los ministros funge como presidente. Tienen estabilidad en el cargo, no pueden ser removidos del mismo; pero por incapacidad física, mental o muerte, entonces sí procede la remoción.
Hay algo en lo que muchos, o la mayoría de los seguidores de la 4T, no han visto o no lo quieren ver, cada Poder tiene su capacidad de auto regulación. Comencemos diciendo…
A López Obrador, a la presidente Sheinbaum y a su caterva de lacayos, es que les importa un bledo la independencia entre los poderes de la Unión. En el artículo 49 constitucional se menciona a la letra:
El Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación; ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo en caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 2. En ningún caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
Es decir, los tres poderes de la Unión los regula Constitución. El Poder Ejecutivo tiene la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y toda su capacidad reglamentaria y normativa para autorregularse como poder; el Legislativo, tiene su Ley Orgánica y, cada una de las Cámaras tienen sus respectivos reglamentos interiores que establecen diferencias en cuanto a cómo
llevan a cabo el proceso legislativo, los debates y demás funciones legislativas.
En el caso del Poder Judicial, quien la regula (o la regulaba) es el Consejo de la Judicatura Federal. Éste órgano se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y la carrera judicial; sus funciones son la de garantizar la independencia del poder judicial, que se mantenga la autonomía de los órganos que conforman el poder judicial, que las actividades de los Tribunales de Circuito y Juzgados se realicen de manera correcta.
La testaruda reforma del Macuspano
Se supone que quien ahora la va a regular es el llamado Tribunal Judicial. Pero recordemos algo, la Corte para hacer eso y eliminar los vicios que le achacó AMLO para desprestigiarla, tiene o tuvo al Consejo de la Judicatura Federal, que era el órgano para la profesionalización y vigilancia de la función judicial.
Algo muy importante, no se ha comentado sobre este tema de la capacidad de autorregulación del Poder Judicial, ya que Las cortinas de humo se concentran en el pleito contra el dúo AMLO-presidenta Claudia Sheinbaum, o la lucha de trabajadores del PJF, pero no hay análisis profundo, desde una perspectiva de orden institucional, división de poderes y de las teorías democrática y constitucional.
¿Qué importa más en esta reforma judicial? ¿Destrozar al poder judicial o quitar la capacidad de autorregulación de la misma? Escucho opiniones.
El paquete de reformas
El pasado 5 de febrero, el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, presentó un paquete de 20 reformas constitucionales, las cuales buscan, entre otras cosas, reducir los legisladores, revertir reformas en materia de pensiones, elegir a los ministros, magistrados y jueces por medio del voto popular. Una de esas 20 reformas es, precisamente, la referente al poder judicial.
- Javier N. Pro, abogado y consultor político, comenta que las modificaciones que propone esta reforma, se pueden agrupar en 6 ejes:
1. Establece que los ministros de la Suprema Corte, magistrados de Circuito, jueces de distrito del Poder Judicial tradicionales, y magistrados de Sala Superior, y magistrados regionales del Tribunal Electoral del PJF sean todos electos mediante el voto popular en las urnas; proceso que organizaría el INE, como cualquier otra elección. Pero, a diferencia de los comicios que hasta ahora conocemos, los partidos no serían quien postulen a los candidatos, sino los tres poderes de la Unión en igual proporción: Cámara de Diputados, de Senadores, la presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia.
2. El Consejo de la Judicatura Federal, que se encargaba de la administración del Poder Judicial y la disciplina de sus miembros, será eliminado, y sus funciones se dividirán: las administrativas en un órgano de administración judicial autónomo, presidido por cinco integrantes, y las disciplinarias por un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, integrado por cinco magistrados con funciones de investigación y sanción, encargado de sancionar las violaciones de todos los miembros del Poder Judicial, incluyendo a la misma Suprema Corte. Los presidiarios de estos órganos autónomos, también serian electos por voto popular en las urnas.
3. Se fortalece constitucionalmente el derecho a la justicia pronta y expedita, previendo plazos máximos para resolver juicios y sanciones a quienes no los respeten.
4. Queda prohibido que el Poder Judicial pueda suspender con efectos generales alguna ley o norma hasta en tanto no exista sentencia definitiva que lo justifique.
5. Establece expresamente que ningún servidor público del Poder Judicial, podrá percibir un salario mayor al del presidente de la República, pues la iniciativa señala que, actualmente hay al menos 2,377 funcionarios judiciales en este supuesto.
6. Se prevé una elección extraordinaria en 2025, mediante la cual se vote por candidatos para todos los cargos mencionados, y los que resulten electos, reemplazarían a los actuales juzgadores al momento de tomar posesión el 1 de septiembre del mismo año.
Es decir, todos los juzgadores del Poder Judicial en México serán reemplazados por los nuevos juzgadores electos, pudiendo participar los actuales como candidatos para mantener su cargo siempre y cuando sean propuestos por algunos de los tres poderes.
Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, por lo que ya entró en vigor, y ya se han aprobando sus leyes secundarias.
La venganza de un solo hombre
Todo cambio, para bien o para mal, genera consecuencias, y esta reforma no es la excepción. Lo primero que se debe de considerar, es el costo de la elección de los jueces y magistrados. Según CANACINTRA, el gasto sería de unos 3,500 millones de pesos, impactando a las PYMES.
Prestamos especial atención a la reforma al poder judicial, debido a los impactos que tendrá en el desarrollo económico y escalamiento productivo de las micros y medianas empresas que mayoritariamente representamos, ha señalado el organismo empresarial.
En el gobierno de López Obrador nunca hubo certeza jurídica para la creación de nuevos puestos de trabajo, de nuevas empresas, ni mucho menos de nuevas inversiones.
Quienes se oponen a la enmienda, sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas, politizará la justicia. Es decir, que en vez de aumentar la independencia y transparencia de los jueces, la reforma favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por méritos.
También, hay temor de que la reforma abra la puerta a que el crimen organizado financie candidaturas o saque ventaja de los jueces con menos experiencia (aunque eso, de muchas maneras ocurre).
Sin duda, el “proceso electoral” para elegir a un juez, magistrado o ministro, estará lleno de inconsistencias. Se puede prestar para que se ponga a alguien que, ni siquiera participó en la elección, y ocupe el puesto.
Se dice que los partidos políticos no tendrán que ver en el proceso, pero como se ha manejado y maneja el partido oficial, no dudemos que ese candidato a juez o magistrado sea militante o tenga su corazón morenista. Será un riesgo latente de que el partido Morena, con la fachada del INE, organice la elección.
La tómbola del desprecio
El 12 de octubre pasado, en el pleno de la Cámara de Senadores, se llevó a cabo un acto, por demás ridículo, estúpido, denigrante y digno de una función de circo, el sorteo o la insaculación en tómbola de aproximadamente 850 jueces y magistrados, que serán relevados de sus cargos en el siguiente año, para dar paso a la elección de quienes los sustituirán en junio del 2025 y junio del 2027.
De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, una tómbola es una rifa pública de objetos diversos, generalmente como negocio de feria o con fines benéficos. Yo les pregunto: ¿y los objetos diversos son los jueces y magistrados que salieron insaculados en esta rifa? Resultó delirante ver cómo, durante la tómbola, literal, se les cayeron las bolas a los senadores.
Es innegable, la reforma judicial de AMLO es vengativa, muchos de esos jueces y magistrados, le han echado para atrás algunas de sus locuras, y esos jueces serán los primeros despedidos, después los demás.
Lo peor de todo, esos jueces y magistrados fueron usados como botín de cambio, y la carrera que llevan de años de estudio y actualización, se fue por el caño.
Según el senador Gerardo Fernández Noroña, dijo que “por primera en la historia de nuestro país, y yo diría del mundo, las personas juzgadoras van a ser elegidas por el voto Universal, secreto y directo”. Lo que se le olvida a Noroña, es que Bolivia es el único país en el mundo que lleva a cabo el proceso de elección, y ha resultado todo un fracaso. Dijo que la mitad de esos jueces y magistrados se renovarán en junio del 2025 y la otra mitad en junio del 2027,
dependiendo de si el número de participante termina en número non o par.
¡Qué denigrante resulta, para un juez que lleva muchos años de carrera judicial que, por una rifa, le digan que ya no continuará en su cargo!
