En el foro Revictimización mediática, que tuvo lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, diputadas, funcionarias y especialistas destacaron la importancia de poner en el centro de las decisiones a las víctimas de violencia, dar cumplimiento a la Ley 3 de 3 contra la violencia respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación en revictimizar a las mujeres, así como al impacto psicoemocional.
Debe cuidarse la integridad de las víctimas
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Marisol García Segura (Morena), expresó que la revictimización mediática es un tipo de violencia que sufren las mujeres a través de los medios de comunicación.
Es cuando una persona que ya sufrió una agresión, después padece ataques que la culpabilizan y le dicen que fue por su comportamiento; se hace para desviar el foco y no cuestionar al violentador o agresor.
Mencionó que en 2021 se aprobaron reformas para sancionar la filtración de imágenes, videos y demás información relacionada directamente con víctimas de un hecho de violencia, la llamada Ley Ingrid, pero en ella no se contempla el litigio en medios de comunicación en donde los agresores denostan a las víctimas de violencia o las revictimizan, a través de sus declaraciones.
La revictimización mediática, aseguró, va más allá de la violencia simbólica que también ejercen los medios de comunicación, pues implica prestar los micrófonos a los agresores y a los violentadores de mujeres y, con ello, minar la credibilidad o prejuzgar la veracidad de los hechos que reclaman las víctimas.
Ello se observa en mayor grado cuando ataca a personas famosas
No es normal que los comunicadores pongan en duda los testimonios de las víctimas. “En México, con un machismo arraigado, existen líneas editoriales que con el intercambio de declaraciones vulneran a las mujeres por un espacio para aumentar los ratings”, arguye.
Precisó que la revictimización mediática, además de vulnerar a las víctimas en los medios comunicación, incluye el difundir las actuaciones judiciales, dónde están los casos o las carpetas de investigación, buscando incidir en el fallo de los jueces. Por ello, urgió a que el Poder Judicial se ponga del lado de las víctimas y juzgue con perspectiva de género.
De igual modo, anunció que inscribió un punto de acuerdo que exhorta a las autoridades judiciales locales de las 32 entidades del país a que no permitan que los presuntos agresores revictimicen a través de los medios de comunicación a las mujeres víctimas de violencia.
Que la violencia sexual sea considerada como tortura
La diputada Elva Agustina Vigil Hernández (Morena), secretaria de la Comisión de Gobernación y Población, invitó a levantar la voz por las personas que están siendo violentadas y unir fuerzas para apoyarlas.
Comentó que el año pasado presentó una iniciativa para que la violencia sexual sea considerada como tortura.
Los alcances de la revictimización son desproporcionados
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, destacó la importancia de visibilizar el alcance del daño provocado por la violencia de género en sus diversas manifestaciones y ámbitos, lo que contribuye a romper con su normalización. Además, consideró vital erradicar la impunidad social e institucional de una práctica generalizada que solo algunas víctimas denuncian en función de sus posibilidades.
Estimó que los medios de comunicación son fundamentales para la vida democrática, su diversificación, y son instrumentales en el ejercicio de un derecho de la mayor relevancia como el de la libertad de expresión, que al tiempo de su instrumentación pueden ser el escenario de actos de violencia que se oponen al ejercicio de derechos que impactan desproporcionadamente a ciertas personas o grupos.
Afirmó que no es en los medios de comunicación donde se debe dirimir y hacer justicia, pero su participación impacta en si hay o no justicia. Los alcances de la revictimización, dijo, son desproporcionados y nada la justifica.
“A los agresores no los queremos en ningún lado”
Yndira Sandoval, de la organización “3 de 3 con agresores y Las Constituyentes”, expuso que la Ley 3 de 3 contra la violencia hoy en día es un mandato constitucional, por lo que llegó para quedarse y cumplirse; será un criterio para la contratación. “A los agresores no los queremos en el poder, no los queremos en ningún lado ni en ninguna esfera de nuestra vida humana. Hemos sido las mujeres, las víctimas y sobrevivientes, quienes los hemos exhibido”.
Llamó a las fuerzas políticas para que prevalezcan los derechos de las víctimas y la reparación integral del daño, ya que por lo menos 220 leyes secundarias se deben armonizar para hacer efectivo el cumplimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia en todas las esferas de la vida humana.
Además, solicitó que los congresos locales hagan la armonización del Registro Nacional de Obligados Alimentarios (RENOA), pues en qué democracia un deudor alimentario puede ser mandatario o tener un empleo con recursos públicos.
