En el marco del sexto foro del Parlamento Abierto sobre el análisis de la iniciativa de reforma al sector eléctrico, denominado “El Estado como garante de la soberanía y del sistema eléctrico nacional”, especialistas manifestaron sus posturas en torno al tema “El papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional”.
La experta en temas energéticos, Julia González Romero, explicó que este asunto tiene el potencial de afectar a miles de ciudadanos y a las nuevas generaciones porque México firmó y ratificó tratados internacionales y esta propuesta podría violar esos acuerdos.
No se puede olvidar que la gran mayoría tiene cláusulas que pueden derivar en demandas al Estado mexicano por incumplimiento, advierte.
Consideró que si la iniciativa se aprueba en sus términos es posible que el país deba pagar cerca de 70 mil millones de dólares para compensar a los inversionistas que no pudieron desarrollar sus proyectos en la nación. Este monto representaría el 20 por ciento del gasto previsto en el Presupuesto de Egresos 2022.
La académica Guadalupe Correa Cabrera, mencionó que consultores y cabilderos que participaron en la aprobación de la reforma eléctrica de 2013, forman parte o tienen relaciones con plataformas de producción de energías y facilitadores de grupos de interés en el sector energético que están en contra de esta reforma.
Mucho mercado y poco Estado en el sector
En tanto, Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, expuso que se ve un potencial de retroceso en el sector si se avala esta reforma.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) necesita fortalecimiento monetario y reglas que permitan a los inversionistas decidir a largo plazo porque la iniciativa privada quiere crecer y respetar los tratados internacionales.
Explicó que el sector manufacturero requiere un aumento en la energía instalada. Asimismo, es necesario capitalizar la expansión industrial del país y la concentración de inversión nacional debe ser en la distribución, con el propósito de fortalecer a la CFE para que cumpla sus compromisos, sobre todo ambientales.
Paolo Salerno, especialista en el sector eléctrico, consideró que no es necesario que el Centro Nacional de Control de Enérgica (CENACE) ni la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desaparezcan porque atienden las necesidades del país en la materia y evitan concentración del poder energético.
Aseguró que debe haber seguridad y tranquilidad en que la Comisión Federal de Electricidad no desaparecerá y de que no habrá despojo por parte de la inversión privada.
Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo, mencionó que México tiene mucho mercado y poco Estado en el sector. Advirtió que el Estado está “capturado” por élites políticas que lo han usado para hacer negocios particulares.
