El ataque de fuerzas militares de Estados Unidos a Venezuela, ha despertado el antiguo temor de que la cuenca del Amazonas, se pudiera convertir en un blanco de intervenciones directas.
Lorenzo Carrasco
Aunque tal preocupación es antigua, esta fue reavivada a principios de la década de 1990, cuando el gobierno del presidente norteamericano, George H.W. Bush decretó e impuso el sangriento “Nuevo orden mundial”, inaugurado en la Guerra del Golfo contra Irak, gobernado entonces por Saddam Hussein.
En ese entonces, Brasil ya estaba en la mira de la campaña del poderío angloamericana para convertir la protección del bioma Amazonas, en uno de los pilares del ambientalismo político, justificado en la esfera del régimen de soberanía limitada sobre vastas regiones poseedoras de recursos naturales fundamentales.
Entre los líderes extranjeros que por aquel entonces no ocultaban sus intenciones destacaban el presidente francés Francois Mitterrand y su canciller, Michel Rocard. El entonces director general de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) estadounidense, el general Patrick Hughes, afirmaba abiertamente que la hipótesis de un conflicto del Pentágono, en las décadas siguientes, sería una intervención para evitar posibles daños ambientales capaces de afectar negativamente los intereses de su país.
En el gobierno del presidente Fernando Collor de Melo (1990-92), Brasil tenía en la Secretaría Especial de Medio Ambiente a un fiel representante de dicho aparato intervencionista internacional, el señor José Lutzemberg, quien tanto contribuyó para consolidar la agenda verde en el país. En esos tiempos, ante la escalada de presiones, el comandante militar de la Amazonía, el general Thaumaturgo Sotero Vaz, calificó de idiotas a los ambientalistas favorables a tal intervención advirtiendo que, de materializarse, se convertiría en un nuevo Vietnam.
En 1991, la Cámara de Diputados instaló una Comisión Parlamentar de Investigación (CPI) para poner en claro la amenaza de la internacionalización de la cuenca del Amazonas y el papel que jugaban en este proceso las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que se instalaban en el país, en verdad cómplices de programa.
Dócil aceptación del ambientalismo
En mi testimonio, documenté con pruebas claras y abundantes, que la soberanía nacional ya estaba comprometida y que la invasión de la cuenca del Amazonas era una realidad, ejecutada por un ejército irregular de ONGs extranjeras, cuyo alcance ya tocaba instituciones públicas.
La dócil aceptación del ambientalista y su contraparte, el indigenismo, en la política nacional
Se reforzó en las décadas siguientes mediante el fortalecimiento del Ministerio Público, del Poder judicial y de otros mecanismos de la Constitución de 1988 -que, a la fecha-, selecciona cuáles actividades económicas se pueden establecer de acuerdo a criterios mucho más ideológicos que científicos o técnicos, mucho menos guiados a favor del bien común.
En subsecuentes testimonios, en otras Comisiones Parlamentares de Investigación (CPI), reelaboré las advertencias:
En 2001, en la de las Organizaciones No Gubernamentales, ante la Cámara de Diputados; en la del Consejo indigenista Misionero (CIMI), en 2015 en la Asamblea Legislativa del estado de Mato Grosso del Sur; en 2017 en la que indagaba las acciones predadoras de dependencias federales encargadas de asuntos indígenas y de la propiedad territorial, convocada por la Cámara de Diputados; y, nuevamente en 2023 sobre las ONGs, en el Senado Federal. El plan denunciado, desgraciadamente, siguió su curso.
Hoy, se han agravado las tensiones en las fronteras nacionales de Brasil, no obstante la Amazonia enfrenta un déficit de soberanía y desarrollo, debido a las restricciones draconianas impuestas a todo tipo de actividades productivas por los radicales ideológicos, incrustados tanto en el aparato del Estado como en la fuerte red de apoyo internacional de las ONGs. Esta política del Estado permitió que, por lo menos, un tercio de los municipios de la Amazonía legal quedaran en manos de facciones de la delincuencia organizada, quienes ejercen su poder en micro soberanías.
Vale la pena citar un contraste, Estados Unidos, Rusia y otros países han restringido las actividades de esa arma intervencionista internacional.
Brasil dispone de legislación ambiental más rigurosa del mundo
Comenzando por su inigualable Código forestal, que contempla toda la gama de dispositivos necesarios para reglamentar las actividades productivas y su interacción con los biomas nacionales de una forma racional y consistente con los intereses mayores del país.
Para que produzca los efectos buscados, la aplicación de la legislación tendrá que ser podada de toda forma del radicalismo verde, que impregna la recién aprobada Ley general de licenciamiento ambiental.
Al mismo tiempo, es del mayor interés nacional puntuar la cooperación internacional para reprimir con valor a la delincuencia organizada transfronteriza, cuya expansión en la región ha sido ampliamente facilitada por la escasez de actividades productivas capaces de ofrecer a los habitantes de la cuenca oportunidades de sustento digno y de progreso social.
Frente a este panorama, la opción es clara: “Ocupar para no entregar”.
