La diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) planteó facultar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a aplicar un programa permanente de vigilancia de precios de los productos que integran la canasta básica al consumidor, para identificar, erradicar y evitar aumentos indiscriminados o injustificados de precios o la ejecución de prácticas comerciales monopólicas o abusivas.
En una iniciativa que adiciona la fracción XIII Bis al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, expone que la finalidad es identificar y sancionar situaciones como las vividas en la pandemia ante el aumento desproporcionado e injustificado de precios de productos y alimentos al consumidor final, los cuales han generado presiones inflacionarias.
Un ejemplo, añade, pasó con el limón que, de acuerdo con reportes oficiales, a finales de 2021 e inicios de 2022 comerciantes intermediarios lo adquirían de los productores a un precio promedio de 44 pesos y lo vendían a las familias mexicanas a 80 pesos el kilo, esto sin una razón justificada o algún motivo en particular que explicara este aumento desconsiderado y desproporcionado.
Prácticas nocivas
Corona Nakamura argumenta que, así como pasó con el limón, también sucedió con muchos alimentos y productos de la canasta básica, perjudicando, no solo la capacidad para adquirirlos sino también a los pequeños comerciantes que vieron trastocado su margen de ganancia y, finalmente, a la economía en su conjunto.
Relata que, si bien las autoridades están al tanto y, valiéndose de sus herramientas y facultades disponibles, tratan de contrarrestar o subsanar este tipo de problemas; la realidad es que no tienen la capacidad inmediata ni las facultades para incidir de manera directa en contra de esta práctica nociva, ni para castigar a quien incurra en ella, o bien para recibir y canalizar las denuncias de las familias mexicanas perjudicadas.
Por ello, añade, es pertinente y urgente reformar la ley para involucrar en esta lucha en contra de estas prácticas nocivas, al organismo que sí tiene las facultades, el personal y la infraestructura para reaccionar de manera inmediata en su identificación, prevención, sanción y erradicación, como es la Profeco.
