El diputado Eliseo Compeán Fernández (PAN) impulsa una iniciativa que reforma los artículos 11 bis y 335 del Código Penal Federal, a fin de incorporar como delito el abandono consciente y deliberado de niñas, niños, adolescentes o adultos con cualquier tipo de discapacidad, y sancionarlo hasta con cuatro años de prisión.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia, estipula que a quien abandone a estas personas, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, si no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.
La iniciativa define el delito de abandono como todo acto de aislamiento o hacinamiento sistemático, permanente, consciente y deliberado hacia adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y/o adultos con cualquier tipo de discapacidad, entendidos como una exclusión o como actos discriminatorios o de menosprecio hacia su persona o respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo.
El documento refiere que, de acuerdo con el Censo de Población 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 20 millones 838 mil 108 de mexicanos con discapacidad, es decir, una de cada seis personas del país se encuentra en esta situación.
Violencia, abuso y abandono
Ante ello, precisa que es necesario que los gobiernos federal y estatales formulen e implementen políticas certeras orientadas a brindar apoyo a las personas con discapacidad para que puedan vivir de manera independiente que dejen de dependen de sus familiares para satisfacer sus necesidades básicas, como la vivienda, la alimentación y la higiene.
El diputado Compeán Fernández enfatiza que la falta de políticas asertivas ha puesto en riesgo de violencia, abuso y abandono, principalmente, a niñas, niños que, además de tener pocas oportunidades educativas, no logran integrarse a la sociedad.
Reiteró que es necesario modificar la legislación con el propósito de revisar las políticas que obligan a las familias a brindar apoyo a los familiares adultos que tienen alguna discapacidad y, asegurar que la ley castigue a las personas que las abandonen.
