Finalmente, concluye el acoso que la Fiscalía General de la República (FGR) emprendió, hace un año, en contra de una treintena de científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tras la resolución que emitió un tribunal federal al otorgarle un amparo a una de las personas afectadas.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal amparó a la investigadora Patricia Zúñiga Mendoza, luego de que ella y su defensa solicitara el no ejercicio de acción penal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
La respuesta fue negativa, bajo el argumento de que el caso estaba en etapa de investigación. Entonces solicitó el recurso para protegerse, jurídicamente.
Cabe recordar que un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, había rechazado emitir las órdenes de aprehensión en contra de los 31 académicos, al considerar que no hubo irregularidades en el uso de los 244 millones de pesos que les acusaban de haber desviado.
Desde ese momento se debió sobreseer la acusación, en lugar de devolverla a la FGR, como ocurrió.
La disputa entre la dirección del Conacyt y el grupo de académicos
Inició cuando la actual titular del Consejo, María Elena Álvarez-Buylla, decidió retirar los fondos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C.
