Con 461 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que plantea establecer procedimientos que garanticen la atención expedita y eficaz de las víctimas de violencia familiar por medios digitales o remotos.
El documento, devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional, reforma el primer párrafo y adiciona una fracción VII al artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Señala que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán proteger a las víctimas de violencia familiar en su seguridad, confidencialidad y protección de sus datos personales, de conformidad con las normas y principios establecidos en esta Ley y en todas las leyes en materia de protección de datos personales.
Así como establecer medios y canales alternativos de denuncia que garanticen el acceso a la atención oportuna y eficaz de las victimas que cuentan con la oportunidad de acceder a servicios de Internet o dispositivos electrónicos, o bien, su acceso a los mismos es limitado.
Al fundamentar el dictamen
La diputada María Clemente García Moreno (Morena) expuso que este dictamen permitirá la inclusión de modelos de prevención, atención y sanción que establezca la Federación y las entidades y municipios deberán instaurar procedimientos que permitan la atención oportuna y eficaz de las víctimas por medios digitales y remotos.
Asimismo, añadió, se especifican medios y canales alternativos de denuncia que garanticen el acceso a la atención oportuna y eficaz de las víctimas que cuentan con la oportunidad de acceder a servicios de Internet o dispositivos electrónicos, o bien, su acceso a los mismos es limitado.
Resaltó que, de acuerdo con datos oficiales, en 2022 se registraron 947 feminicidios en el país, a la par de existir un registro histórico de seis mil llamadas de denuncia relacionadas con acosos u hostigamiento sexual.
Ante ello, aseguró, es fundamental que las entidades federativas generen medios digitales con perspectiva de género y de derechos humanos para dar atención adecuada a las víctimas de violencia familiar.
