Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre Comunidades Indígenas y derechos humanos de los grupos autóctonos y la situación de la población indígena en México.
In Memoriam Rodolfo Stavenhagen
Bernardo Méndez Lugo*
Espero que este ensayo sea un granito de arena para enriquecer la visión de las personas interesadas en la problemática indígena en México y otras partes del mundo y contribuir en el avance firme, para lograr justicia económica y social para los pueblos autóctonos.
Confío en que se respeten los Convenios internacionales que ha ratificado México y que protegen los derechos de entre 15 y 20 millones de indígenas mexicanos, muchos de ellos, sobreviviendo en grandes urbes y suburbios de nuestro país, y centenares de miles más trabajando, ahora con gran terror en Estados Unidos, ante la política xenofóbica del presidente Donald Trump.
Ello conforma un nuevo hábitat y territorio indígena distinto al concepto de pueblo indígena en su entorno territorial original y hasta distinto a las definiciones censales de indígena.
Se destaca el Séptima Sesión del Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas de 2008, porque fue la última participación del mexicano Dr. Rodolfo Stavenhagen, en su calidad de Relator Especial de la ONU para Asuntos Indígenas.
En ocasión de la celebración de la Séptima Sesión del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Asuntos Indígenas, que se llevó a cabo en Nueva York el 21 de abril y que finalizó el 2 de mayo de 2008, se confirmó el compromiso de la ONU con los Derechos Indígenas.
En 2018 se celebró el décimo séptimo Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas y el undécimo Foro, fue en 2019.
Estos Foros son entidades que orientan al Consejo Económico y Social, con el mandato de discutir los asuntos indígenas relacionados con el desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.
Son muchos los documentos que se han escrito y difundido para los Foros, toda la lista de ponencias y presentaciones del Foro 2008 aquí se encuentran.
Por ejemplo, la edición de El Mundo Indígena 2008, se lanzó en Nueva York el martes 22 de abril de 2008, en la VII sesión del Foro Permanente de la ONU, para las Cuestiones Indígenas (UNPFII).
Este volumen comprende 60 perfiles de países y 5 informes sobre diferentes procesos internacionales. El Mundo Indígena 2008 fue editado por Kathrin Wesseldorf. Más Información en: iwgia@iwgia.org.
La Séptima Sesión que se desarrolló en Nueva York en 2008, tuvo como temáticas especiales: El cambio climático, la diversidad bio-cultural y las formas de vida, el papel de los pueblos indígenas y los nuevos retos.
Vale la pena comentar que el relator de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, nombrado en 2008, fue el prestigiado abogado estadounidense James Anaya, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona y esta Séptima Sesión del Foro Permanente, fue la primera que asistió en su calidad de Relator.
En 2011, el Dr. Anaya rindió un importante informe sobre derechos indígenas en Guatemala frente a la explotación de industrias mineras extractivas en territorios indígenas.
El último informe del Dr. James Anaya fue en 2013, una compilación de todos sus informes se puede leer aquí.
Después del Dr. Anaya fue nombrada, en 2014, Relatora especial para pueblos indígenas la activista indígena filipina Victoria Tauli-Corpuz. Ella, en 2017 realizó una intensa visita de trabajo a México, trece años después de la visita del Relator Especial Rodolfo Stavenhagen.
Francisco Cali Tzay fue nombrado Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en marzo de 2020 y asumió el cargo el 1º de mayo de 2020. Desde su nombramiento como Relator, ha realizado 5 visitas a distintos países y continentes para informar de la situación de los pueblos indígenas.
Francisco Cali Tzay es de la etnia Cakchiquel maya de Guatemala, ha representado a los pueblos indígenas en las Naciones Unidas desde principios del decenio de 1980, abordando las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala y en todo el mundo.
Cakchiquel es una lengua maya que se habla en Guatemala y en los estados mexicanos de Campeche y Quintana Roo.
En este contexto multilateral
Que reafirma el interés por el cumplimiento de los compromisos internacionales por los derechos indígenas, es pertinente reflexionar sobre los compromisos que México tiene con el cumplimiento de pleno de los derechos indígenas, ya que el Convenio 169 de la OIT, que nuestro país ratificó, en 1990, convirtió dicho Convenio en mandato constitucional.
El Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue ratificado por México en septiembre de 1990 y el Decreto Promulgatorio de dicho Convenio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1991, entrando en vigor el 5 de septiembre de ese mismo año.
Este Convenio sirve de base para elaborar este ensayo y una primera aproximación de los diversos derechos y espacios sociales que se requiere defender y preservar de los pueblos autóctonos en México.
Han pasado mas de 33 años de vigencia del Convenio 169 en México y ya en febrero de 2025, se puede afirmar que México y la gran mayoría de países con pueblos indígenas, tienen deudas sociales y políticas al no cumplirse plenamente algunos de los preceptos básicos de este Convenio, que en el caso de México, son parte del ordenamiento y mandato constitucional.
Entre los aspectos más importantes a defender del patrimonio de los pueblos indígenas está su derecho a la tierra.
De acuerdo con la organización Survival International, hay seis áreas prioritarias que interesa considerar al defender el hábitat indígena: El territorio, la salud, lo económico, la educación, lo político y la cultura. Se incluye el aspecto de acceso a la justicia en el presente trabajo.
El incumplimiento en el pasado reciente por parte de las autoridades federales, regionales y locales de México de las disposiciones del Convenio 169 de la OIT explica, en parte, la violencia en el medio rural, la polarización social y el surgimiento de movimientos insurreccionales indígenas en regiones de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en el sureste mexicano.
Existen condiciones sociales y económicas en el medio rural que provocan la violación de los derechos humanos de indígenas y campesinos en amplias regiones del territorio nacional, en especial en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Guerrero, Altos de Sinaloa, Hidalgo, entre otras regiones.
El caso de Chiapas es muy aleccionador ya que, históricamente se han dado levantamientos y revueltas campesinas de las poblaciones indígenas de esta región.
En la coyuntura actual de la modernización mexicana
Chiapas representa un claro ejemplo de los costos sociales y políticos de los modelos que impulsan los organismos financieros internacionales a nivel nacional; y que se han apoyado en élites afines a las modernizaciones donde lo indígena y su hábitat resultan obstáculos, tanto las élites conservadoras o de tendencia populista, con frecuencia de discurso democrático pero de prácticas autoritarias o renuentes a la transparencia en sus políticas publicas, menosprecian el valor y la pertinencia de los paradigmas ancestrales de organización productiva y ecológica de los pueblos indígenas.
En los años más recientes, la situación social y económica de varias comunidades indígenas de Chiapas, se ha agravado por la irrupción de la delincuencia organizada y los conflictos internos de los cárteles de la droga.
El compromiso con los Derechos Indígenas es fundamentalmente retórico, los discursos oficiales presentes y del pasado rinden homenaje al pasado Indígena y afrodescendiente. Pero hay mucho de intentar manipular la historia como escenografía y montaje de rituales que intentan legitimar gobiernos y sus políticas públicas muy alejadas de los pueblos indígenas del presente y sin empatía real por hacer cumplir sus derechos.
El 21 de mayo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expidió la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se abrogó la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista.
Este Decreto entró en vigor a partir del 5 de julio de 2003 y fue abrogado el 28 de noviembre de 2018, con el Decreto que creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador y que incluye a la población afrodescendiente.
La nación mexicana ocupa el octavo lugar en el mundo en cuanto a diversidad cultural, los pueblos indígenas integran cerca del 12.7% de la población nacional, distribuidos en cerca de 20 mil localidades.
Los pueblos indígenas poseen cerca de la quinta parte de la superficie total del país
Son dueños de 28% de los bosques templados y 50% de selvas que existen en propiedad social en México, además, las principales presas hidroeléctricas del país: La Angostura, Malpaso, Chicoasén, Aguamilpa y Presidente Alemán, se ubican y abastecen de agua de los territorios indígenas.
Las principales áreas naturales protegidas se encuentran en municipios indígenas consideradas muchas de ellas como territorios sagrados y ceremoniales. Las culturas indígenas enriquecen a la nación con su música, artesanías, ceremonias rituales, medicina tradicional y una cosmovisión plena de valores y significados.
Asociado a ello, encontramos una gran diversidad de sistemas normativos internos que permiten la convivencia de los integrantes de las comunidades y la resolución de sus conflictos internos, contribuyendo con ello a la paz social.
En México, desde 1990 se firmó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo que, por remisión al artículo 133 Constitucional, forma parte de la ley suprema de nuestro país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, en el artículo 2º, los derechos de a los Pueblos Indígenas y señala las obligaciones que corresponden a la Federación, los Estados y los Municipios para el ejercicio efectivo de los mismos.
El reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada en sus pueblos indígenas tiene gran relevancia porque eleva a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas.
Estos derechos tienen la característica específica de dirigirse a un sujeto colectivo que mantiene su identidad cultural diferenciada que se manifiesta a través de características específicas.
En México, a partir del año 2001 se han modificado varias leyes reglamentarias con el objetivo de reconocer los derechos de los pueblos indígenas e instrumentar los mecanismos jurídicos que permitan su ejercicio.
Las acciones presentes y futuras deben por un lado, dar protección a los derechos individuales y por el otro, al reconocimiento y vigencia de los derechos que, como ente colectivo reivindican los pueblos indígenas, tales como la personalidad jurídica, la libre determinación y autonomía.
No obstante los esfuerzos del gobierno de México y otros países por desarrollar acciones a favor de las poblaciones indígenas, lo que señalaba el extinto Dr. Rodolfo Stavenhagen, profesor-investigador de El Colegio de México, que de 2001 a 2008 fue el primer Relator especial de las Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, es una realidad inocultable en muchos países:
Lo que ha pasado tradicionalmente es que los Estados y las grandes empresas que toman decisiones sobre la instalación de obras de infraestructura, que afectan el medio ambiente y las condiciones de vida de los indígenas, generalmente no han tomado en cuenta los impactos negativos que pueden tener.
Lo que más se reclama actualmente es que se deben tomar en cuenta las necesidades, condiciones de vida y los derechos humanos de los pueblos indígenas e incluso el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo’.
Ello, según entrevista con Rodolfo Stavenhagen, Relator de la ONU: La demanda mapuche no es violenta”; Kolectivo Lientur / 24 de julio de 2003. www.mapuche.info/mapu/lientur030724.html
Y cito en extenso conceptos del Dr. Stavenhagen que son válidos en 2025 en todo el mundo y en México aún con consultas a indígenas y aparente voluntad de respeto a su territorio y hábitat.
Estamos de acuerdo con Stavenhagen cuando afirmaba:
Hay una constante, un patrón persistente, histórico de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Básicamente son violaciones que tiene que ver con los derechos de los pueblos a la tierra, al territorio, la discriminación de la que generalmente son victimas como consecuencia de prácticas racistas, la denegación de los derechos culturales como naciones indígenas.
“También tienen problemas graves de discriminación en los sistemas de administración de justicia, que muchos llaman de “injusticia”, donde se dan casos de violaciones selectivas y sobre todo existe un patrón muy generalizado de marginación y pobreza frene al resto de la sociedad nacional”.
Los indicadores de desarrollo humano y servicios sociales, por ejemplo, los que tienen que ver con el acceso a la educación, la salud, o la asistencia sanitaria y los servicios públicos están muy por debajo de la media nacional para los pueblos indígenas. Y quienes particularmente sufren esta discriminación son las mujeres indígenas y las niñas. Sufren en este sentido una triple discriminación como indígenas, como mujeres y como niñas.
“En algunos países, hay un discurso generalizado que consiste en negar la existencia de pueblos indígenas, con las frases “ya no quedan indios puros” o “ya no hay territorios indígenas en este país”. ¿Esta concepción falsa estaría sustentando políticas de marginación y a su vez negando la existencia de poblaciones indígenas en las ciudades?”
“El fenómeno de las poblaciones indígenas en las zonas marginales de las ciudades se viene dando en muchos países desde hace muchos años. La imagen tradicional que se tiene de los indígenas remontados en la selva, en los bosques alejados de la ciudad, es una imagen falsa o al menos sólo una parte del esquema que atañe a una pequeña proporción de las poblaciones indígenas en todo el mundo.”
Obligados a la migración
De hecho, señalaba Rodolfo Stavenhagen, debido a las presiones económicas, territoriales y políticas que han sufrido históricamente los pueblos indígenas por políticas demográficas que los han despojados de sus propios recursos, se han visto obligados a migrar a las ciudades, o a otras partes de sus países e incluso a través de fronteras internacionales. Hay poblaciones indígenas cada vez más numerosas que participan en patrones internacionales de migraciones laborales, como es el caso de indígenas mexicanos y ecuatorianos que emigran a EEUU o bolivianos que lo hacen hacia Argentina o Chile.
Desconocer esta realidad, es desconocer una gran parte de la población mundial(1)
En este ensayo, se retoman los reclamos de justicia y desarrollo de las organizaciones indígenas mexicanas y las demandas históricas de pueblos autóctonos que han sido marginados y menospreciados en los planes de modernización a pesar de que en discursos y planteamientos electorales siempre hay promesas y compromisos, que a la hora de gobernar no son sencillos de cumplir.
Se necesita voluntad política y trastocar prioridades en los paradigmas de desarrollo y globalización.
