En el corto plazo, no habrá un acuerdo migratorio entre México y los Estados Unidos, por lo tanto, la situación presente de los migrantes mexicanos en nuestro vecino país, y la tarea de mejorar sus condiciones de vida, se deberá atender con recursos legales y materiales limitados. Pero que, utilizados con inteligencia, eficacia y oportunidad, se puede avanzar con firmeza en la mejoría de las condiciones de vida de los connacionales. En particular, los que se encuentran indocumentados y que, en proporción de sus ingresos, son los que más remesas, envían a México.
Bernardo Méndez Lugo*
La experiencia reciente ha demostrado que debe trabajarse regional y localmente en la mayoría de gestiones a favor de los connacionales en el país del Tío Sam.
La idea de “toda la enchilada”, promovida por el ex Secretario de Relaciones Exteriores de México, Jorge Castañeda Gutman, para negociar un paquete completo del tema migratorio, no resultó viable, y hoy marzo 2025 sigue siendo poco viable, al menos en los contextos políticos y laborales actuales.
En los ámbitos regional y estatal, hay espacios para negociar acuerdos laborales específicos por rama de actividad con gobiernos estatales que desean y necesitan mano de obra de inmigrantes mexicanos.
En relación al reconocimiento de la matrícula consular que facilita la vida del inmigrante indocumentado, se ha seguido promoviendo y es aceptada cada vez más por gobiernos locales y de los condados.
Debe evaluarse con más detenimiento la política de comunicación, difusión y cabildeo de los consulados, ya que si bien se necesitan fortalecer vínculos políticos, tareas de protección preventiva y que los migrantes mexicanos conozcan los recursos con que cuentan los consulados, también es importante guardar discreción y bajo perfil en ciertas tareas o cabildeos consulares.
En especial, en regiones de alta actividad antiinmigrante, o donde los actores políticos como gobernadores, manifiestan abierta oposición a la presencia de inmigrantes. Estos son los casos de Arizona, Texas, Georgia, Florida y, en general, toda la región fronteriza México-Estados Unidos.
Arizona constituye un ejemplo de creciente tensión y sentimiento antimexicano, que se refleja en nuevas leyes que acotan y asfixian las posibilidades de vida digna del inmigrante mexicano. Igualmente Texas y Florida.
Es notorio que un número significativo de familias mexicanas radicadas en Arizona, están regresando a México, debido a la gama de leyes y disposiciones estatales y municipales que dejan sin alternativas al inmigrante indocumentado como la Ley que castiga a empleadores de indocumentados, que entró en vigor el 1º de enero de 2008.
Delicada relación bilateral
En este contexto, podría ser de gran relevancia reactivar la labor de los consejeros del IMME, que eran en su mayoría ciudadanos estadounidenses o residentes legales, quienes pueden impulsar propuestas y cabildeos con mayor libertad y eficacia que los funcionarios consulares, quienes podrían correr riesgos en la coyuntura que vive EU y la delicada relación bilateral.
Sin embargo, los y las titulares de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos deben ser gestores activos y propositivos del impulso de las relaciones políticas y económicas de región a región, auspiciar la relación de organizaciones no gubernamentales de los dos países que, como sabemos, tienen fines de desarrollo empresarial y de integración regional.
Así como las relaciones educativas y de intercambio académico, como las que realizan el Consorcio de Educación Superior de América del Norte, que une a mas de 140 universidades de Canadá, Estados Unidos y México y la Asociación Hispana de Colegios y Universidades (HACU por sus siglas en inglés) con más de 500 instituciones afiliadas en EU, América Latina y España.
Las sedes de estos consorcios respectivamente en Tucson, Arizona y San Antonio, Texas, cuentan con el apoyo de las autoridades de ambos estados y de universidades en casi todos los estados de la Unión Americana.
Los Consulados deben crear redes regionales de intercambio y coordinación entre los titulares y sus áreas claves como protección, IMME, documentación, prensa y promoción económica, tal como lo realiza la Coordinación de los 10 Consulados mexicanos de California (COCOCA),con reuniones periódicas que permiten acciones de conjunto y respuestas coordinadas ante cualquier problema.
Refiriéndonos a los ámbitos local y regional, los consejeros del IMME deben promover la creación de clubes de oriundos, la formación de grupos de estudio y ayuda mutua y en cooperación con el consulado y cámaras de negocios; la formación de microempresas familiares y de actividades productivas, que permitan el autoempleo y la autonomía laboral en un contexto de ausencia de empleos asalariados y de difícil inserción en los mercados formales de empleo del inmigrante de baja calificación y sin permiso de trabajo, considerando que el flujo migratorio crece y continúa sin alternativas de regularización migratoria o de visas temporales.
Los gobiernos federal y estatales
Tienen una gran responsabilidad de recibir a los connacionales que están siendo deportados y seguirán llegando en los próximos años (los deportados mexicanos de EU superan 3 millones de personas en la última década), se trata de apoyar la creación de micro empresas y negocios familiares, facilitando crédito, asistencia técnica y simplificación administrativa. Debe crearse un entorno saludable para poder establecer formalmente un negocio sin altos costos o impuestos excesivos.
La falta de incentivos para formalizar un pequeño negocio en México, empuja a que el emprendedor se quede en la informalidad, como ha sucedido en los años precedentes, siendo ya el peso de la economía informal, una verdadera economía paralela, que domina y subyuga a la economía formal e impide el desarrollo dinámico y de modernización tecnológica de nuestro país, e impide aprovechar plenamente las habilidades y destrezas adquiridas por nuestros connacionales que han trabajado en los Estados Unidos.
En los últimos años, de 2020 a la actualidad (marzo 2025), hay nuevos flujos de retorno de mexicanos adultos mayores y sus familias que han regresado durante la pandemia al perder empleos, por encarecimiento de rentas y servicios por inflación reciente y decidieron regresar a sus lugares de origen.
El presidente Trump, podría estar deportando entre 70 y 80 mil mexicanos al mes, si cumple sus amenazas de deportar un millón de personas cada año; se deportarán otras nacionalidades de Centroamérica y de Latinoamérica a México.
Estos números difícilmente se van a cumplir y al ritmo actual, desde la toma de posesión del presidente Trump el pasado 20 de enero, no serán más de 25 mil personas deportadas por mes. (En tres semanas de gestión del magnate neoyorquino, han sido deportadas alrededor de 11 mil personas).
A este ritmo serán deportadas alrededor de 1 millón 200 mil personas en los 4 años de gestión de Donald Trump y no los 4 millones que había anunciado, calculando un millón por año.
