El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 457 votos, reformas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que la Secretaría de Economía promueva programas de emprendimiento, capacitación, inclusión financiera, herramientas digitales y acompañamiento, para las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género.
El dictamen que adiciona las fracciones VIII bis al artículo 36 y XVII al artículo 38 del citado ordenamiento, enviado al Senado, también plantea incluir a la Secretaría de Economía como integrante del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Al fundamentar, la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro (PRI) señaló que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 propone, entre sus objetivos prioritarios, potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad y mejorar las condiciones para que las niñas, adolescentes y mujeres accedan al bienestar sin discriminación desde una perspectiva de derechos.
En México, la pobreza tiene rostro de mujer
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en su informe de Pobreza Multidimensional 2022, en el país hay 46.8 millones de personas en situación de pobreza y de este total el 50 por ciento son mujeres.
Apuntó que esta situación refleja la imposibilidad de ejercer los derechos sociales de las mujeres, como a la salud, vivienda, educación, alimentación nutritiva, seguridad social, entre otros.
Recordó que México forma parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Violencia contra la Mujer, la cual establece que toda mujer podrá ejercer plenamente sus derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales; es por ello que el Estado está obligado a generar las condiciones para que vivan una vida libre de violencia.
Dijo que se deben atender las causas estructurales de las violencias de género y desarrollar estrategias para cambiar los mecanismos que perpetúan la violencia hacia las mujeres, incluyendo la violencia económica.
