En el primer día del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, diputados, analistas, representantes de sindicatos y especialistas abordaron el tema “Antecedentes ¿Cómo llegamos a la reforma de 2013? Los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores”.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), reconoció que hay dos visiones que buscan que exista suficiente energía limpia y a precios accesibles para toda la población, pero hay una diferencia en cómo lograrlo, sin más mercado libre, con empresa privada o intervención del Estado.
Vía zoom, el diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre (PAN) consideró fundamental el cumplimiento de los compromisos para la transición energética y afirmó que el Estado hoy controla el sistema eléctrico.
Es una mentira que el Estado haya perdido la rectoría y es una mentira que con las energías limpias se abata o disminuya la confiabilidad y estabilidad del sistema, arguyó.
En tanto, Joanna Alejandra Felipe Torres, también del blanquiazul, cuestionó que si la CFE presta el servicio a más del 80 por ciento de los hogares del país, por qué establece tarifas tan altas para las familias mexicanas.
Opiniones de especialistas y analistas
La analista independiente del sector energético, Rosanety Barrios, indicó que los objetivos que cualquier modelo energético debe perseguir es que todos los mexicanos tengan acceso a una electricidad a precios accesibles; que la matriz eléctrica cuide la salud, es decir, disminuir los gases de efecto invernadero y que la energía sea de calidad, para que no haya apagones, interrupciones del servicio ni pérdidas de energía que dañan a la empresa del Estado.
Para lograr dichos objetivos, dijo, se necesita más competencia, pero dejando la transmisión y la distribución de manera exclusiva del Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad.
Héctor Cuapio Ortiz, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), expresó que desde 1993 la Comisión Reguladora de Energía género más de mil 200 permisos a capitales extranjeros que han creado un mercado eléctrico paralelo, que lleva una competencia contra la Comisión Federal de Electricidad y “a eso responden las políticas privatizadoras de los últimos años”.
Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), explicó que el crecimiento industrial y de población en el país requiere una demanda de satisfacción eléctrica muy importante.
Imponer un modelo monopólico ante la realidad, dijo, es incompatible y no cumplirá las metas en materia eléctrica, aseveró.
Consideró que la inversión privada es algo positivo y favorable para el desarrollo del país porque ha logrado incrementar la base de generación para la CFE, mejora las tecnologías, hace los procesos competitivos y da contratos equitativos. Además, ha logrado que los productos y empresas mexicanas sean más competitivos.
Por la seguridad energética del país
Nicolás Domínguez, maestro en Física por la UNAM y doctor por la Universidad de Texas, comentó que en nuestro país, el 10 por ciento de las empresas particulares del sector controlan el 40 por ciento de la generación privada, a las cuales no les gusta la competencia, pero su principal competidor, que es la CFE, la subsidia.
Además, a pesar de las promesas de uso de energías limpias, usan generadores de gas natural, lo que es parte de los engaños en que se basó la reforma energética de 2013.
La economista, consejera independiente y asesora en temas de energía, Monserrat Ramiro, subrayó que se necesita tener acceso a las energías limpias con precios competitivos. La iniciativa que se discute hoy, añadió, tendrá cambios e implicaciones profundos en el lugar que tiene México en el mundo, sus compromisos internacionales, comerciales, ambientales, pero sobre todo su capacidad para proveer a los mexicanos las condiciones para desarrollarse con salud y bienestar.
Manuel Ornelas, jefe de oficina de Medición y Servicios, de la CFE en Puerto Peñasco, Sonora, afirmó que la reforma de 2013 sólo benefició a la iniciativa privada, no disminuyó las tarifas para los consumidores, ni dio orden a la transición energética.
Indicó que es necesaria una base constitucional y un organismo ejecutor que lleve a cabo las actividades que garanticen la seguridad energética del país, lo que se puede lograr a través de la reintegración de la CFE.
