La CNA inicia demanda colectiva para obligar a las gaseras a reparar el daño económico.
Ivette Sosa
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva contra 53 empresas gaseras por las prácticas de colusión (acuerdos ilegales) que fueron acreditadas previamente.
Aunque en 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) ya había impuesto multas administrativas por más de 2,400 millones de pesos a varias gaseras, la acción actual de la CNA es un paso adicional.
Busca, la Comisión Nacional Antimonopolio, mediante esta demanda colectiva, que las empresas reparen el daño causado a los consumidores mexicanos, lo que implica obtener una compensación económica directa para los usuarios afectados.
La demanda involucra a diversas empresas pertenecientes a grandes grupos gaseros que dominan el mercado, entre los que se destacan:
Grupo Soni
Grupo Simsa
Grupo Nieto
Grupo Tomza
Grupo Global Gas
Gas Metropolitano
También se han mencionado otros grupos en el expediente, como el Grupo Uribe.
¿En qué consistió la práctica ilegal?
La autoridad determinó que, durante un periodo extenso (principalmente de 2007 a 2019), estas empresas operaron como un cártel, esto es:
Manipulación de precios: Se pusieron de acuerdo para fijar, elevar y concertar los precios del Gas LP, evitando que hubiera una competencia real que bajara los costos para el ciudadano.
Reparto de mercado: Se dividieron el territorio nacional (incluyendo zonas de la CDMX, Estado de México, Colima, Tamaulipas y Sinaloa), para no competir entre sí.
Básicamente, se repartieron a los clientes para asegurarse de que no tuvieran otras opciones.
Impacto al consumidor
La cifra de más de 13 mil millones de pesos es el daño económico estimado que estos acuerdos provocaron al bolsillo de las familias mexicanas.
Al no haber competencia, los consumidores terminaron pagando sobreprecios por el Gas LP, que es el combustible más utilizado para la cocción de alimentos en el país.
En conclusión, la acción legal de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) busca ir más allá de las multas que el gobierno ya impuso hace unos años, tratando de forzar a las empresas a devolver o compensar a la sociedad por el sobreprecio pagado durante más de una década.
A decir de los expertos en finanzas, es una medida inusual y de gran relevancia para los derechos de los consumidores en México. El cuestionamiento es, ¿Cuándo y cómo se compensará a los mexicaos por el sobrepreco pagado durante más de diez años?
