La iniciativa de la diputada Olga Juliana Elizondo (PT) tipifica el delito a nivel federal y eleva el castigo si los delincuentes poseen estudios o títulos profesionales en informática.
Ivette Sosa
Con el propósito de subsanar un vacío legislativo histórico que desprotege a millones de usuarios del entorno digital, la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) presentó una iniciativa para tipificar de manera autónoma el delito de usurpación de identidad en el Código Penal Federal.
El proyecto busca unificar los criterios de persecución judicial en todo el país a través de la adición de un Capítulo III Quáter a dicho ordenamiento normativo.
La propuesta, turnada a la Comisión de Justicia para su análisis técnico y posterior dictaminación, contempla sanciones severas que combinan de dos a diez años de prisión con multas económicas de hasta cuatrocientos días.
Castigo severo para ‘hackers’ y profesionales informáticos
La iniciativa legislativa introduce una vertiente punitiva rigurosa para quienes aprovechen sus conocimientos técnicos avanzados para infiltrarse en redes y vulnerar bases de datos privadas:
- Agravante por perfil académico: Las penas de prisión se incrementarán hasta en una mitad (alcanzando una pena máxima de 15 años de cárcel) si el sujeto activo cuenta con licenciatura, ingeniería o cualquier grado académico reconocido en informática o telemática.
- Inhabilitación laboral: El juez penal ordenará adicionalmente la suspensión inmediata del derecho a ejercer la actividad profesional informática por un periodo de uno a cinco años.
El blindaje ante hackeos de WhatsApp y fraudes financieros
En la exposición de motivos de la iniciativa se destaca que actualmente únicamente 16 entidades federativas de la República sancionan este comportamiento de forma local, dejando el espectro federal en la impunidad.
El nuevo ordenamiento busca castigar penalmente las dinámicas de clonación telefónica en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, esquema donde los ciberdelincuentes interceptan códigos de verificación en dispositivos nuevos para secuestrar las cuentas y realizar extorsiones masivas a nombre de la víctima.
De igual forma, el proyecto busca proveer herramientas penales eficaces contra el fraude cibernético bancario de carácter millonario.
Esta modalidad combina la ingeniería social, llamadas apócrifas, mensajes de texto y enlaces fraudulentos en redes sociales para obtener información bancaria confidencial y desvalijar los fondos de ahorro de las y los usuarios del sistema financiero digital.
Hacia un entorno de seguridad cibernética integral
Elizondo Guerra subrayó que en la actualidad gran parte de las interacciones humanas, económicas, académicas y laborales se desarrollan a través de sistemas telemáticos, lo que ha provocado que las organizaciones criminales migren sus actividades hacia la red para menoscabar el bienestar de la ciudadanía.
La reforma proveerá al Estado mexicano de herramientas con el rigor necesario para garantizar la accesibilidad tecnológica, asegurando que las actividades de los internautas se desenvuelvan bajo un marco normativo con certeza y seguridad jurídica integral, apunta la legisladora.
