Javier Esteinou Madrid*
Ante la necesidad imperiosa de modificar el marco jurídico heredado de los regímenes anteriores sobre el manejo de la publicidad oficial para suprimir la dañina Ley Chayote y frente a los compromisos ideológicos comprometidos por el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, este no avanzó sustantivamente para resolver dicha situación. Lo único que efectuó fue realizar las siguientes tres acciones en el terreno discursivo, regulatorio y económico que no solucionó el problema de fondo, sino que permitieron la continuidad de relevantes irregularidades que afectaron la construcción equilibrada de la opinión pública en el país:
En el espacio discursivo
1.- En el terreno declarativo, al inicio del régimen de la “Esperanza del Cambio” el presidente de la República y los altos funcionarios aseguraron narrativamente de forma recurrente que se echaría abajo la Ley Chayote para crear una nueva Ley de Comunicación Pública que promovería la austeridad, combatiría el dispendio, se alejaría de la propaganda unilateral, crearía una comunicación ética, terminaría la discrecionalidad, edificaría un balance comunicativo mesurado y fomentaría la comunicación horizontal.
Sin embargo, frente al relevante compromiso retórico inicial de las autoridades para modificar el viejo modelo de comunicación en México, el 4 de agosto de 2021, los reporteros de la Conferencia Mañanera le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador ¿por qué no promover una nueva regulación que impusiera criterios más objetivos que obligaran a los medios a garantizar la pluralidad informativa, y a garantizar el derecho a la información, evitando que los canales mientan, sin obtener nada a cambio?.
Pese a dicho pacto oficial del gobierno de la “Renovación Nacional”, especialmente del Poder Ejecutivo, el primer mandatario respondió contundentemente:
¡Lo que decía el presidente Lerdo, […] la prensa se controla o se regula con la prensa, eso es lo que aplica. No debe haber una regulación, tenemos mejor que ejercer nuestra libertad, que exista debate y que le tengamos confianza a la gente, porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto […]. No, eso está resuelto, o sea, nosotros no vamos a seguir pagando para que nos quemen incienso y vamos a descuidar o a dejar sin apoyos a la gente que más lo necesita […] No, no, no, leyes, reglamentos, nada de eso, libertad completa! (https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-4-de-agosto-de-2021?idiom=es).
Con dicho posicionamiento, asombrosamente se canceló tajante y contradictoriamente la obligación estatal de elaborar un nuevo marco jurídico que regulara estrictamente la operación de la publicidad gubernamental durante la gestión de la Cuarta Transformación de la historia de México y se permitió la continuidad de diversos vicios que arrastraba la antigua “Ley Chayote” que mucho daño al progreso del pensamiento analítico y al clima democrático del país.
En el ámbito normativo
2.- En el área jurídica para encarar tal problemática la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República creo el acuerdo por el que se estableció la Política de Comunicación Social del Gobierno Federal, mediante el cual se tipificaron jurídicamente definiciones, criterios de operación, características de las campañas, limitaciones, planeación, evaluación y transparencia sobre el otorgamiento de la propaganda oficial. No obstante la implementación de dichos valiosos lineamientos se acotó muy parcialmente la anarquía heredada de los regímenes anteriores, dejando muchos vacíos sustanciales que sólo podrían ser cubiertos con la elaboración de una nueva “Ley de Comunicación Social” que adoptando los mejores estándares internacionales y aplicando los principios constitucionales evitara que el gasto en comunicación social se manejara caprichosamente para premiar a los “medios cortesanos” y castigara a los “canales disidentes”.
En la esfera económica
3.- En el terreno económico el gasto realizado en publicidad oficial por el gobierno de la izquierda morenista se redujo en un 50% con relación a lo erogado en la previa administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Pese a la muy importante reducción de tal inversión propagandista, lo erogado durante los primeros tres años del gobierno de la Cuarta Transformación reflejó la ausencia de criterios objetivos, claros, imparciales, transparentes, planificables y verificables para modelar impecablemente la inversión en comunicación social, sino que se guió por las viejas normas de negociación del “compadrazgo de poder” y de la legitimación política del pasado que había criticado categóricamente.
Las dos caras del nuevo gobierno: Del “macro chayote” al “mini chayote”
En consecuencia, pese a la instrumentación de algunas acciones importantes para intentar normar la situación de la publicidad gubernamental en el México de la tercera década del siglo XXI, esta práctica gubernamental tóxica no quedo reglada sustantivamente, permitiendo que continuara prevaleciendo en la gestión del régimen de la Reconstrucción Nacional la discrecionalidad, la simulación, la verticalidad, la concentración la desigualdad, la opacidad de mecanismos, la carencia de normas claras de asignación de recursos, la manipulación de la propaganda oficial para premiar o castigar políticamente a los medios de comunicación, especialmente hacia los canales de información opositores. Esta política ocasionó que se pasara del ejercicio de la dadiva del “macro chayote” aplicada en las administraciones anteriores, a la entrega del “mini chayote” en el actual gobierno de la “Esperanza del Cambio”. Dicha estrategia impulsó a los medios de comunicación simpatizantes con la 4-T y presionó a los medios opuestos al régimen, bajo la lógica “no te pago para que me pegues”.
Por ejemplo, en los primeros tres años de operación del nuevo gobierno se favoreció financieramente de manera sustantiva a los periódicos que protegieron su imagen exitosa como La Jornada, Tabasco Hoy (Organización Editorial Acuario), la cadena de periódicos Por Esto (Centro de Cultura Nuestra América, AC), las empresas Edición y Publicidad de Medios de los Estados y Medios Masivos Mexicanos, diversos youtubers amlovers, etc.
Sin embargo, paralelamente se castigó drásticamente a los medios impresos disidentes al reducirles o cancelarles apoyos económicos como a El Universal, Reforma, Excelsior, La Razón, La Crónica, la Organización Editorial Mexicana; a las cadenas de televisión TELEVISA, TV Azteca, MVS, Grupo Imagen; a los consorcios de radio Grupo Fórmula; al portal digital Eje Central; a las revistas especializadas Nexos, Letras Libres, Expansión, Siempre; y a las editoriales Clío Libros y Video y editorial Vuelta, entre otros, pues fueron calificados por la ideología imperante del régimen morenista como “conservadores”, “neoliberales”, miembros de la “mafia del viejo poder” y “reaccionarios”.
Todo ello reflejó que la política de comunicación del nuevo sistema de gobernabilidad lopezobradorista continuó guiándose por la máxima de la legitimación propagandística “¡te financió si hablas bien de mí!” y no por la construcción de nuevos equilibrios comunicativos para enriquecer la formación de la opinión pública nacional. En este sentido, únicamente se sustituyeron los viejos “compadres informativos” del neoliberalismo por los nuevos “compadres comunicativos” de la Cuarta Transformación.
La complicidad del régimen de la 4-T con la “Ley Chayote”
De esta forma, durante los primeros tres años del gobierno morenista se evadió el mandato contundente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exigió la creación de una amplia ley para reglamentar rigurosamente el uso de la publicidad oficial en México y el otorgamiento del presupuesto de comunicación gubernamental a los canales de información solo se manejó de manera más austera, pero finalmente con alta discrecionalidad para justificar sus intereses de gobernabilidad ante la opinión pública. En consecuencia, la política de comunicación del sistema de gobernabilidad de la “Renovación Moral” repitió los mismos vicios tóxicos del Ancien Régime que tanto denostó para reforzar su estructura de poder, evadiendo crear nuevas reglas para construir una moderna estructura virtuosa de la opinión pública que ofrecía promover la maduración del nivel de la conciencia nacional más allá del opaco cristal de la sectaria propaganda política en México.
Es decir, la añeja historia nacional se repitió, pues se utilizó el dinero público de la sociedad para promover otro frente propagandista que fortaleciera el avance de otro nuevo grupo de poder que se disputa el presente y futuro de la nación y no para impulsar colectivamente el análisis crítico de la realidad para encontrar las mejores soluciones sobre la crisis global de la nación.
Por ello, fue enormemente sorprendente que existiendo más de 20 iniciativas normativas dentro del Poder Legislativo para regular con todo el rigor constitucional el ejercicio de la publicidad gubernamental en México, y siendo que el Movimiento de Reconstrucción Nacional (MORENA) se desempeñaba como la principal fuerza política protagonista en el Congreso de la Unión; durante los primeros tres años del gobierno de la “Esperanza del Cambio” si se modificaron muchos aspectos legales dentro de la Constitución Política Mexicana heredados de los gobiernos anteriores para que el régimen de la Cuarta Transformación alcanzara adecuadamente sus objetivos. Sin embargo, durante más de tres años se evitó intencionalmente avanzar ante esta obligación constitucional medular que jurídicamente le ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que le correspondía encarar para democratizar y sanear el espacio público mediático de la República.
En este sentido, el régimen lopezobradorista que anunció espectacularmente que crearía un nuevo prototipo de comunicación distinto al modelo mercantilista heredado del orden neoliberal precedente, no demostró una voluntad histórica contundente para transformar por sí mismo esta realidad, sino optó por manejar oportunista, mañosa y sectariamente el viejo sistema de comunicación nacional para fortalecer su novel sistema de poder. Cuando más solo introdujo algunos lineamientos para establecer la política de comunicación social del gobierno federal, redujo la inversión propagandista del Estado en aproximadamente 50%, y prohibió que durante una campaña algún medio de comunicación concentrara más del 25% de la pauta publicitaria. Pese a ello, tales acciones no fueron medidas suficientes para evitar las malas prácticas de opacidad, discrecionalidad, arbitrariedad, concentración, manipulación, capricho, falta de planeación, ausencia de medidas claras para la asignación, distribución proba de la pauta de comunicación, etc. derivadas del pasado.
Todo ello transparentó categóricamente la ausencia de compromiso político del gobierno de la izquierda nacionalista para modificar a fondo el antiguo modelo de comunicación social incrustado en la vida cotidiana de los mexicanos, pues le convenía prolongar usufructuando los mismos vicios del antiguo régimen con el fin de aprovechar discrecionalmente el aparato de comunicación social para legitimarse unilateralmente en el nuevo sistema de poder. De esta forma, se evitó utilizarlo para construir más “racionalidad civilizatoria” basada en el examen imparcial de la realidad nacional para encontrar las mejores soluciones frente a la seria crisis del país.
Los amparos de la sociedad civil
Fue hasta la muy responsable y ejemplar actuación de la sociedad civil a través de las organizaciones Artículo-19, FUNDAR y el fulminante mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, quienes obligaron jurídicamente a que el gobierno de la “Renovación Nacional” respondiera a dicho compromiso crucial para crear una nueva “Ley de Comunicación Social” cumpliendo con los principios básicos plasmados en la Carta Magna, sin favorecer a los intereses del poder en turno. La acción comprometida de sociedad civil y de la dinámica de división de poderes republicanos a través de la Suprema Corte fueron los factores que colocaron contra la pared al Movimiento de Reconstrucción Nacional y al resto de la partidocracia en el Poder Legislativo para forzar que encarara su imperiosa obligación de elaborar un nuevo marco jurídico que regulara virtuosamente comunicación gubernamental en la República.
De esta forma, frente a la anárquica política de comunicación social en México derivada de los abusos de las administraciones neoliberales y de las omisiones del régimen de la Cuarta Transformación, fue asombrosamente contrastante que, después de esperar más de siete años, no fue el gobierno federal de la transición quien reacciono enérgicamente para corregir sustantivamente la existencia de este vicio de comunicación institucional, salvo las limitadas acciones anteriores; sino fue la sociedad civil independiente quien actuó relevantemente para colaborar a enderezar tal situación. Con este fin, la organización Artículo 19 elaboró diversos amparos contra la Ley General de Comunicación Social (“Ley Chayote”) basados en la denuncia del ejercicio discrecional del gasto público en materia de publicidad gubernamental sin criterios verificables, pautas objetivas y claras que impidieran otorgar fuertes sumas económicas a los medios de comunicación consentidos por el poder, propiciando la concentración y la inequidad.
El fallo histórico de la Suprema Corte: terminar con la “censura sutil”
Ante el último amparo planteado por Artículo-19, el 8 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que “Ley General de Comunicación Social” vigente, no cumplía a cabalidad con la tarea encomendada por el artículo 134 de la Constitución Federal y el artículo 3° de la reforma constitucional en materia electoral de 2014, debido a que no esclarecía ni detallaba los criterios a que debía estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco disponía de procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicha erogación cumplía con los criterios requeridos para disminuir la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados. La carencia de una legislación que regule adecuadamente el funcionamiento de la publicidad gubernamental toleró la conservación de “un estado de cosas inconstitucional que permitió la actuación de la censura sutil a través de la asignación discrecional, la concentración del gasto, la ausencia de topes presupuestales, y la ausencia de criterios claros en la distribución de este recurso comunicativo” (https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-08/AR-308-2020-27082021.pdf).
Por lo tanto, era “evidente que el órgano legislativo estaba consciente de la existencia de tal problema sistemático en la asignación de contratos de publicidad oficial a particulares, que hasta en las exposiciones de motivos de las distintas iniciativas que dieron origen a la ley reclamada se apuntaron casos en los cuales supuestamente se ejerció una presión sutil de autocensura por parte de la autoridad […] En consecuencia, cuando el legislador federal tiene ese conocimiento del campo regulatorio y decide no ejercer sus facultades constitucionales para repararlo vía la emisión de un marco normativo adecuado, preciso y eficaz, resulta partícipe de quién lleva a cabo sus atribuciones en forma omnímoda o arbitraria” (https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-08/AR-308-2020-27082021.pdf).
El nuevo mandato: la hormiga que acorraló al león de la jungla
Debido a que el Congreso de la Unión permitió durante varios años la continuidad de una grave omisión en sus obligaciones legislativas afectando el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política Mexicana, la Primera Sala de la Corte le exigió al Poder Legislativo que antes de concluir el período ordinario de la LXV Legislatura el 15 de diciembre de 2021 tendría que elaborar una nueva “Ley de Comunicación Social” que subsanara suficientemente las obligaciones relativas a la distribución de la publicidad gubernamental establecidas en el artículo 3° transitorio del decreto de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 que afectaban el ejercicio pleno de la libertad de expresión y del derecho a la información.
Fue sumamente paradójico que las intervenciones ejecutadas por la pequeñísima sociedad civil independiente (Article-19, FUNDAR, etc.) tan desprestigiada, atacada, ridiculizada y marginada por el régimen de la “nueva justicia histórica”, hubieran sido los grandes motores ciudadanos que a través de los amparos presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el reinado de la “Ley Chayote” los que obligaron a cambiar contundentemente la dirección comunicativa del gran sistema de gobernabilidad de la Cuarta Transformación y no el inmenso sistema de poder acumulado por el Movimiento de Reconstrucción Nacional en el sistema de gobernabilidad nacional 2018-2021: la hormiga acorraló al león de la selva.
En conjunto todo ello, reflejó que el verdadero espíritu de reconstrucción comunicativa de la sociedad otra mexicana del siglo XXI proviene más de los impulsos reconstructivos de la sociedad civil ética y autónoma y no de las intenciones oficiales de la viciada partidocracia incrustada en el Congreso de la Unión que aunque se intente presentar como “renovadora”, “justiciera”, “nacionalista” y “mesiánica”, continúa siendo manipuladora, tramposa y proselitista para conservar sus privilegios grupusculares.
¿Qué hacer?
Frente al contundente fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la irresponsabilidad del Poder Legislativo, es fundamental que el Congreso de la Unión realice un ejercicio de Parlamento Abierto donde se establezca un diálogo plural, franco, directo, libre y participativo para escuchar distintos puntos de vista sobre cómo crear una nueva “Ley de Comunicación Social” que no repita los vicios de la “Ley Chayote”, sino que cumpla con los preceptos constitucionales y avance en la perspectiva de la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información, los derechos de las audiencias, promoviendo el debate informado, especialmente, en un contexto tan fragmentado y polarizado como el que se vive hoy día en el país.
El corazón del Congreso de la Unión no podrá elaborar una virtuosa nueva “Ley de Comunicación Social” por sí solo, pues esta empantanado en sus intereses minúsculos de “mafias de poder” que ocasionan ciegas luchas intestinas domésticas; requiere la indispensable transfusión de sangre sana de la sociedad civil ética para desintoxicarse y crear un proyecto de comunicación avanzado que rebase las lacras políticas sectarias que no han sido superadas.
*Fuente: La ley de comunicación social: Del mega chayote al mini chayote, revista Siempre, No. 3570, Año LXVIII, Columna Comunicación, Fundación Pagés Llergo, Ciudad de México, México, 14 de noviembre de 2021, páginas 44 a 47, http://www.siempre.mx/2021/11/la-ley-de-comunicacion-social-del-mega-chayote-al-mini-chayote/
