La Cámara de Diputados aprobada en lo general y en lo particular, con 343 votos a favor, 123 en contra y cero abstenciones, el proyecto de decreto por el que se reforman, añaden y derogan diversas disposiciones a la Ley Aduanera. Pasó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
El documento, que devolvió la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, fue considerado de resolución urgente y se sometió a discusión y votación de inmediato.
El diputado Fernando Jorge Castro Trenti (Morena) expuso que la reforma a la Ley Aduanera es profunda, ya que trastorna los sistemas antiguos porque los actualiza, los transparentes e incluye a la tecnología porque los procesos van a ser videovigilados.
Mencionó que México tiene más de 53 tratados internacionales, los cuales han permitido en los últimos 7 años incrementar la balanza comercial, las exportaciones, las importaciones y la recaudación tributaria.
El cambio es una maniobra que pretende parecer apertura.
La diputada Teresa Ginez Serrano (PAN) resaltó que la minuta fue devuelta a la Cámara porque el Senado modificó el artículo primero transitorio para establecer que la entrada en vigor será el 1 de enero de 2026, y es claramente un cambio menor, una maniobra que pretende parecer apertura, pero que solo retrocede por dos meses la aplicación de disposiciones que son nocivas para el país.
Recordó que las modificaciones a la Ley Aduanera se presentan bajo el argumento de ordenar las aduanas, pero en realidad centralizan el poder y consolidan un esquema que ha permitido delitos graves contra la hacienda pública. Esta reforma entorpece lo que debía agilizar, regula en exceso lo que debía simplificar y, lo más grave, perpetúa la impunidad. No acompañamos una reforma que golpea a la economía nacional.
La reforma golpea al comercio, empresas y ciudadanos
Emilio Lara Calderón, diputado del PRI, señaló que dicha reforma representa un retroceso en materia aduanera. Esta decisión no es un respiro técnico, es una ventana para imponer una reforma que golpe al comercio, a las empresas ya los ciudadanos, fustigó.
Subrayó que el transitorio, lejos de proteger, sirve para considerar un marco normativo desigual, sin que las empresas y agentes aduanales puedan evadir el golpe; se imponen sanciones confiscatorias sin diferenciar entre errores menores y fraudes fiscales, castigando con la misma severidad a contribuyentes que cometen alguna falta formal que a los verdaderos defraudadores.
Esta ley no combate al contrabando
La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) expresó que hoy se vuelve a hablar de una ley que el gobierno presume como un gran paso contra el contrabando fiscal, pero no está hecha para perseguir a los grandes evasores y cargarle la responsabilidad al pueblo que trabaja, produce y sostiene el país.
Lo que sí hace es aumentar la responsabilidad legal, económica y operativa de quienes coadyuvan con el Estado: los agentes aduanales, importadores, exportadores, transportistas, pequeñas y medianas empresas.
Estimó que el Senado trabajó la ley porque “se equivocaron en la fecha de entrada en vigor. Sí, ni siquiera pude aprobarla bien y eso no es un detalle menor, es la muestra más clara de un gobierno que usa su mayoría para legislar al vapor, que no toma en serio al Congreso y que le da la espalda al pueblo“.
Esta ley no combate al contrabando, lo traslada; no limpia las aduanas, las hace más pesadas para quienes ya cumplen; no ordena, controla y castiga selectivamente.
Fotos: Бахыт Каныбек/druckfuchs
