El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (PRD) propone reformar el artículo 73 la Constitución Política, a fin de facultar al Congreso la Unión para expedir leyes en materia de inteligencia artificial.
La modificación establece que el Congreso de la Unión tiene la facultad para “expedir leyes en materia de inteligencia artificial, que establezcan las bases sobre las cuales la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su ámbito de sus respectivas competencias”.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales
Explica que la tecnología superó hace varios años el marco normativo, ya que actualmente en México no existe una regulación específica para la inteligencia artificial, aunque se ha avanzado en temas relacionados como la protección de datos personales, la privacidad y la ciberseguridad.
Aún estamos lejos de lograr un marco normativo sólido, que tenga como base pilares como la ética en el uso de la tecnología, señala el texto.
Puntualiza que legislar sobre la inteligencia artificial es crucial para México, pues puede promover el desarrollo tecnológico, proteger los derechos fundamentales, fomentar la innovación, mitigar riesgos sobre seguridad nacional, facilitar la colaboración internacional y garantizar que esta tecnología se utilice únicamente para beneficio de la sociedad.
Legislación deberá establecer estándares de seguridad
Para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial sean seguros y no representen riesgos para la sociedad y la seguridad nacional.
De igual forma, promover el desarrollo tecnológico, ya que es una de las tecnologías más prometedoras en la actualidad y el potencial de transformar numerosos sectores de la sociedad y la economía, lo cual puede traducirse en beneficios económicos y sociales significativos.
Aclara que la inteligencia artificial plantea una serie de desafíos no sólo éticos, sino legales, como la protección de datos y la privacidad, así como la equidad, la transparencia y la responsabilidad; por ello, establecer un marco legal puede garantizar su desarrollo y uso, en el que se respeten los derechos fundamentales.
Además, ayudaría a la mitigación de riesgos y regulación de impactos negativos, pues de no regularse adecuadamente, puede plantear riesgos significativos, como la discriminación algorítmica, la pérdida de empleos y el uso indebido de datos.
