A fin de castigar hasta con 30 años de prisión a quien manipule o altere infraestructura de almacenamiento y distribución de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin consentimiento, el diputado Gerardo Peña Flores (PAN) propuso adicionar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
La adición de la fracción III al artículo 8 de dicha norma plantea sancionar de 20 a 30 años de prisión y multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien manipule, interfiera o altere las válvulas, equipos o cualquier otra infraestructura de instalaciones que almacenen, distribuyan o administren hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin el consentimiento explícito de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
El documento, turnado a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Energía
Señala que fijar penas más severas para la intervención o daño de la infraestructura, puede ayudar a proteger la seguridad energética porque desalienta a las personas y organizaciones de participar en estas actividades ilegales.
También, puede permitir a los gobiernos recuperar de manera más rápida los costos de las reparaciones y las pérdidas económicas resultantes de estos actos.
Refiere que de acuerdo a un informe de 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los costos directos e indirectos del robo de hidrocarburos, incluido el gas natural, ascendieron a miles de millones de dólares anualmente a nivel global.
Estos costos comprenden pérdida de ingresos fiscales, costos de reparación y mantenimiento, y daños ambientales.
Robo y daño a la infraestructura de gas natural
Pueden tener graves consecuencias para la calidad de vida de las personas, la seguridad energética y la economía de un país. Estos actos, acota el legislador, también pueden interrumpir el suministro de energía y poner en peligro a las comunidades locales.
Menciona que, en algunos países, el robo de gas natural y daño a la infraestructura se penalizan con multas considerables y penas de prisión, pero en muchos otros son insuficientes para disuadir a los delincuentes.
Un enfoque más estricto podría ayudar a proteger la infraestructura de gas natural y asegurar un suministro de energía más confiable, arguye.
Resalta que el gas natural, al ser una fuente de energía más limpia en comparación con el carbón o el petróleo, puede contribuir significativamente a los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, se le considera una pieza clave en la transición hacia un sistema energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Además, añade, el gas natural tiene un papel importante en la seguridad energética. Los países que cuentan con un suministro abundante y seguro de gas natural están menos expuestos a las fluctuaciones de los precios del petróleo y pueden garantizar un suministro constante de energía para las necesidades domésticas y comerciales.
Ante ello, señala, es imprescindible fortalecer la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras de gas natural para asegurar su disponibilidad constante y segura.
