La iniciativa de la diputada Yoloczin Domínguez (Morena) obliga a canalizar de inmediato a las infancias extranjeras a albergues del DIF, tras revelar que representan el 32% del flujo migratorio irregular.
Ivette Sosa
Con el objetivo de erradicar de manera definitiva el confinamiento de menores de edad en instalaciones de control fronterizo, la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna (Morena) presentó una iniciativa de vanguardia para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La propuesta establece una prohibición absoluta para que las infancias y adolescencias, tanto nacionales como extranjeras, sean privadas de la libertad por motivos migratorios. Se plantea la adición del artículo 94 Bis a la citada ley, que fue turnada de inmediato a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su respectivo dictamen técnico y legislativo.
Ruta de protección obligatoria y deslinde del INM
El proyecto normativo redefine el protocolo de actuación de las autoridades aduaneras y migratorias en el país. Bajo este nuevo andamiaje, el Instituto Nacional de Migración (INM) perderá la facultad de retener a la población infantil y juvenil, quedando sujeto a las siguientes directrices:
- Notificación inmediata: Se dará aviso obligatorio a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
- Canalización al DIF: Los menores deberán ser trasladados de forma inmediata a los centros y albergues del Sistema Nacional DIF, así como a sus sedes estatales o municipales.
- Espacios libres de reclusión: El alojamiento se realizará estrictamente en espacios adecuados y seguros, quedando formalmente prohibido el uso de estaciones migratorias, estancias provisionales o cualquier centro de detención de adultos.
Estadísticas alarmantes: La infancia en la ruta del tránsito
En la exposición de motivos de la propuesta, la legisladora Domínguez Serna aportó datos cuantitativos que reflejan la magnitud de la crisis humanitaria en las fronteras de México.
Detalló que, durante el primer trimestre de 2024, el país contabilizó 360 mil 146 personas en situación migratoria irregular, de las cuales un alarmante 32 por ciento correspondió a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, el Consejo Nacional de Población (Conapo) exhibió el acelerado crecimiento del fenómeno: las presentaciones de menores ante las autoridades del INM pasaron de 13 mil 600 casos en 2023 a 50 mil 546 en 2024, evidenciando la urgencia de blindar legalmente a este sector vulnerable frente a riesgos crónicos como:
La trata de personas, la violencia y el reclutamiento forzado por parte de carteles y células de la delincuencia organizada.
La migración irregular no es un delito
La propuesta recoge los lineamientos y criterios de los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales advierten que, incluso, los periodos breves de encierro generan daños psicológicos profundos e irreversibles en las infancias, tales como estrés postraumático, ansiedad severa y depresión.
Domínguez Serna concluyó contundentemente que la condición migratoria irregular bajo ninguna circunstancia constituye un delito, sino una situación estrictamente administrativa.
Por ello, instó al Estado mexicano a procesar el fenómeno con un enfoque humanista, priorizando el interés superior de la niñez, el derecho a la traducción, la asistencia jurídica especializada y el principio constitucional de la unidad familiar.
