De la represión militar de 1965 a la contención y mesas de diálogo en la administración actual.
Bernardo Méndez Lugo*
El sistema de salud pública en México ha sido históricamente un termómetro de las tensiones sociales y los modelos políticos del país.
La crisis médica que sacudió a la nación entre 1964 y 1965 y las recientes movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en septiembre y octubre de 2026, comparten una raíz común: La exigencia de dignidad laboral y operativa para quienes sostienen el bienestar de la población.
Sin embargo, la distancia temporal entre ambos eventos revela un contraste radical en la naturaleza del régimen político, pasando del autoritarismo represivo de los años sesenta a una gestión contemporánea que apuesta por la contención y la concertación.
Analizar estas diferencias y similitudes resulta fundamental en la víspera de la universalización de la atención médica proyectada para 2027, un hito que no podrá consolidarse sin saldar las deudas históricas de infraestructura, insumos y democracia sindical.
La principal divergencia entre ambas épocas radica en la respuesta del Estado ante la disidencia gremial. El sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) se caracterizó por una profunda intolerancia a la protesta social y el uso sistemático de la fuerza pública.
El movimiento médico de la época, detonado originalmente por la supresión del aguinaldo a residentes en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, fue catalogado por el régimen diazordacista no como una demanda laboral legítima, sino como un atentado a la seguridad nacional y al principio de autoridad.
En agosto de 1965, la doctrina de la “mano dura” se tradujo en el desalojo violento de los principales hospitales de concentración de la Ciudad de México a manos de cuerpos de granaderos y policía militar, sustituyendo a los especialistas por médicos castrenses.
Este pasaje concluyó con represalias masivas: El despido e inhabilitación permanente de más de mil profesionales y el encarcelamiento de los líderes de la Alianza de Médicos Mexicanos bajo acusaciones laxas de disolución social.
En contraste, las movilizaciones de septiembre y octubre de 2026, se desenvuelven en un ecosistema político radicalmente distinto.
Ante la megamarcha nacional del pasado 13 de octubre y los paros parciales en clínicas de concentración, la presidencia de la República y el titular del IMSS, Zoé Robledo, han mostrado una disposición al diálogo y a la autocrítica institucional.
En lugar de emitir órdenes de aprehensión o desplegar cuerpos policiacos para tomar las salas de operaciones, la respuesta del Ejecutivo federal se ha centrado en el diseño de planes de fiscalización urgente para 277 clínicas, el acompañamiento civil de las marchas para garantizar el libre derecho a manifestarse y el anuncio de giras presidenciales de supervisión hospitalaria directa.
La coerción violenta del pasado ha sido sustituida por una estrategia de contención política, reconocimiento abierto de las deficiencias del sistema y apertura a mesas de negociación con las bases.
A pesar de la evolución democrática del Estado
Las demandas estructurales del personal de salud guardan una alarmante similitud operativa. Tanto en 1964 como en 2026, los profesionales se han visto obligados a manifestarse para exigir salarios dignos.
Si hace seis décadas los residentes peleaban por salir de la categoría precarizada de becarios para obtener certidumbre, hoy la base trabajadora del IMSS señala la insuficiencia del reciente aumento global del 6.8% frente a las extenuantes jornadas laborales.
Asimismo, en ambos movimientos ha imperado la ética profesional: en ningún momento se ha abandonado de golpe a los pacientes críticos, manteniendo guardias permanentes en urgencias y obstetricia mientras se protesta en las calles, demostrando que la lucha es por el sistema de salud y no en contra de los derechohabientes.
El punto crítico de coincidencia y urgencia en el movimiento actual de 2026, radica en las condiciones materiales de trabajo. Los manifestantes denuncian un colapso en la infraestructura hospitalaria —ejemplificado en fallas recurrentes de elevadores y sistemas de aire acondicionado— y el desabasto crónico de insumos básicos.
De cara al proceso de unificación de los servicios de salud a partir de 2027, resulta indispensable que el Estado mexicano asuma un incremento sustancial en el gasto público para edificar, rehabilitar y equipar la red clínica del país.
A la par de la inyección presupuestaria en infraestructura, es imperativo transitar hacia la producción autónoma de medicamentos básicos. Depender de cadenas globales de suministro vulnera la soberanía sanitaria; por ello, el Estado debe liderar una estrategia técnica coordinada por laboratorios públicos como Birmex y la COFEPRIS.
Esta política debe enfocarse en tres pilares:
- El rescate de la síntesis local de Principios Activos (APIs) para genéricos de alta demanda (como antibióticos y antihipertensivos), rompiendo la dependencia con el mercado asiático.
- El desarrollo de medicamentos biosimilares avanzados en territorio nacional para reducir hasta en un 60% el costo de tratamientos crónico-degenerativos como las insulinas; y
- La automatización e integración vertical de estos laboratorios públicos con nodos de distribución como la Megafarmacia del Bienestar, garantizando que el inventario se mueva mediante trazabilidad digital basada en la demanda epidemiológica real de las clínicas.
Sin duda, el éxito de la transición hacia el modelo IMSS-Bienestar y la universalización del servicio en 2027 no depende únicamente de fármacos y tecnología, sino del factor humano.
Las protestas actuales han puesto el dedo sobre la llaga de una estructura obsoleta: La necesidad de democratizar urgentemente el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Las bases acusan a sus cúpulas de actuar con la misma lógica corporativa del siglo pasado, conteniendo los reclamos genuinos del personal en lugar de defenderlos.
La exigencia de destituir a los liderazgos tradicionales y convocar a un Congreso Extraordinario es indispensable para que los trabajadores cuenten con una auténtica representación democrática que valide, con transparencia, los procesos de basificación del personal eventual que se transfiere al nuevo modelo.
En conclusión, el movimiento médico de 2026 demuestra que el personal de salud ya no es silenciado por las bayonetas del régimen autoritario de Díaz Ordaz, gozando de canales institucionales de interlocución abiertos por las autoridades actuales. Sin embargo, el diálogo político debe traducirse en realidades materiales inmediatas.
A las puertas de 2027, la gran lección de la historia es clara: No puede existir una cobertura médica universal genuina si no se edifica sobre los cimientos de salarios justos, hospitales dignamente equipados, soberanía farmacéutica de producción nacional y una vida sindical libre, transparente y democrática. Sostener de manera integral a quienes nos curan, es el primer paso para sanar al país.
