Ante diputadas de la Comisión de Diversidad, representantes de asociaciones civiles y activistas LGBTIQ+ externaron sus inquietudes y posturas respecto de la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2022, a fin de que este tema sea considerado.
La presidenta de la Comisión de Diversidad, diputada Salma Luévano Luna (Morena), sostiene que la población LGBTIQ+ ha sido invisibilizada por muchos años en todos lopandemia, pérdida de empleoss rubros de la sociedad, incluyendo las políticas públicas del sector gubernamental, y desafortunadamente el presupuesto público no es la excepción.
Refirió que según un análisis de la Universidad Autónoma del Estado de México, la población LGBTIQ+ representa un grupo segregado en diversos ámbitos de la vida, lo que incluye el presupuesto, ya que, a pesar de las problemáticas de la población, los esfuerzos en materia financiera por parte del gobierno son insuficientes.
Dijo que es oportuno tomar en cuenta a la diversidad sexual como parte de una política concreta, porque falta especificar un presupuesto y esfuerzos a fin de contrarrestar la discriminación hacia estas poblaciones, evitar crímenes de odio, e impedir acciones como el no reconocerles derechos civiles elementales.
Afirmó que trabajará de la mano con las organizaciones y sociedad civil para avanzar en la política pública a favor de la población LGBTIQ+, lo que es urgente, y evitar que quede como letra muerta. Sus propuestas nos ayudan a nutrir la agenda, informar y sensibilizar.
Atender necesidades de población LGBTIQ+
Oyuki Martínez Colín, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), activista LGBTIQ+ y especialista en temas de salud sexual, prevención y atención de VIH/SIDA, solicitó atender las necesidades de una de las poblaciones más olvidada y discriminada, como es la trans.
Consideró vital establecer mecanismos y protocolos de atención para el acceso a la salud, sensibilización de personal especializado, homologar las políticas públicas y las leyes con los tratados internacionales, además de generar acciones en coordinación con los tres niveles de gobierno para atender a la población LGBTIQ+.
Es la población más soslayada
Libia Edith Alonso Sánchez, representante del Movimiento Feminista de Mujeres Diversas, sostuvo que mujeres y hombres trans conforman la población más soslayada y consideró importante transversalizar el tema de la salud. Subrayó que también se han dejado de lado a las adultas mayores.
En el tema de acceso al trabajo, comentó que se tiene un planteamiento que va más allá de crear políticas que den incentivos a las empresas para que contraten a hombres y mujeres de la diversidad.
Garantizar los fondos y recursos
Rocío Suárez, directora general del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, A.C, afirmó que se deben garantizar los fondos y recursos para que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) pueda operar. La Comisión de Atención a Víctimas debería retomar el tema de la violencia hacia las poblaciones LGBTIQ+, arguyó.
Resaltó que también debe garantizarse presupuesto al Censida para atender a las poblaciones que lo requieran. Es necesario revisar la parte legislativa a fin de que las instituciones creadas incorporen el enfoque de diversidad sexual y de género; al hacerlo, tendrían que destinar o determinar presupuesto.
Personas LGBTIQ+ perdieron sus ingresos en la pandemia
La coordinadora de Yaaj México, Alejandra Paredes, aplaudió estos espacios para la discusión y análisis de acciones que aseguren el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Considerar a la sociedad civil en las decisiones del gasto y distribución de fondos es fundamental.
Mencionó que durante la pandemia de Covid-19, siete de cada diez personas LGBTIQ+ perdieron sus ingresos, total o parcialmente; por ello, es vital reflexionar sobre los temas que atañen al gasto público, subrayó.
Precisó que en el tema de acceso a la salud, un tercio de la población se atendió en consultorios de farmacia, y el 25 por ciento de la comunidad LGBTIQ+ tuvo que interrumpir diversos tratamientos en materia de salud mental.
Urgió a armonizar las leyes federales con los tratados internacionales suscritos, a fin de asegurar que el presupuesto cumpla con las obligaciones que el país firmó contra toda forma de discriminación e intolerancia.
