La Comisión de Salud, que preside el diputado Emmanuel Reyes Carmona (Morena), realizó, de manera semipresencial, el Parlamento Abierto: Objeción de Conciencia, para analizar y atender el vacío legal que existe en el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud en esa materia.
Dijo que es importante tener un marco jurídico que garantice de manera efectiva el acceso a la salud, la objeción de conciencia, la no discriminación y la libertad laboral.
Además, garantizar el derecho de objeción de conciencia como un derecho individual del personal médico profesional y de enfermería para excusarse de participar en procedimientos que contravengan sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas o de conciencia.
Afirmó que es preciso dar cabal cumplimiento a lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación en relación con la acción de inconstitucionalidad 54/2018, en cuya sentencia se declaró la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley y se exhortó al Congreso de la Unión a que regule de manera urgente y prioritaria la objeción de conciencia en materia sanitaria.
Pueden lesionarse derechos, incluso a la vida
Por su parte, Joaquín Zebadúa Alva, legislador morenista, refirió que la objeción de conciencia se ejerce en caso de trasplante de órganos, trasfusiones, cuidados paliativos e interrupción del embarazo, de manera que, aunque el personal de salud tiene derecho a ejercerlo, el incumplimiento de los deberes hacia los ciudadanos por parte de las instituciones puede lesionar los derechos a la salud, la integridad e incluso a la vida.
En este Parlamento escucharemos las voces de los expertos que ayudarán a enriquecer un proyecto de dictamen para llenar el vacío normativo que existe y que deja en estado de indefensión a las y los mexicanos, arguyó.
En tanto, la diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN) dijo que se necesita encontrar un equilibro para garantizar un verdadero servicio de salud y que quien ejerce la objeción de conciencia tenga la libre convicción de cumplir sin comprometer sus creencias.
Indicó que estas acciones deben ser acompañadas no solamente en lo que la ley dice, pues en la Constitución hay un derecho a la salud, pero en la práctica existen muchos lugares donde no hay médicos, pero se les debe dar la garantía de tener la conciencia de hacerlo desde su convicción.
No se trata del derecho del personal médico de objetar o no, sino las reglas claras que la Corte nos pide pongamos en ley, subrayó.
Asunto de vida o muerte
La diputada del PRI, Frinné Azuara Yarzábal, puntualizó que la Corte fue muy clara en sus conclusiones, por lo que es necesario que se especifiquen los alcances y límites del personal médico o de enfermería cuando se niegan a un procedimiento sanitario si se oponen a sus convicciones religiosas, ideológicas, éticas o de conciencia, pero no pueden poner en riesgo la salud del paciente.
De Movimiento Ciudadano, el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg afirmó que legislar bien sobre este tema es asunto de vida o muerte.
Se necesita -anotó-, un marco jurídico que contemple la defensa del derecho a la libertad religiosa y de convicciones, pero no a expensas de una posible afectación del derecho universal a la salud.
