El proyecto exige capacitar en Derecho Sanitario al personal judicial y establece que nadie está obligado a lo imposible ante carencias del Estado.
Con el propósito de frenar la criminalización del personal sanitario y transitar hacia un modelo de responsabilidad compartida, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Salud.
El proyecto busca que las investigaciones penales por presunta negligencia médica se realicen bajo criterios de “justicia de contexto”, diferenciando una omisión técnica individual de un resultado adverso provocado por deficiencias del Estado.
El documento, turnado de manera directa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, plantea adicionar los artículos 10 Ter y 83 Bis del citado ordenamiento.
La reforma establece que, al momento de determinar una responsabilidad penal o profesional, los jueces y fiscales deberán considerar como prueba a favor del médico la insuficiencia comprobable de recursos humanos, medicamentos o materiales en la unidad médica, siempre y cuando el profesional haya actuado con los medios disponibles a su alcance.
El costo de la “medicina defensiva”
En su exposición de motivos, la legisladora zacatecana argumentó que la falta de certeza jurídica ha fomentado el fenómeno de la “medicina defensiva”.
Bajo este esquema, el personal de primer contacto prioriza el blindaje legal del expediente clínico sobre la eficiencia médica, solicitando estudios de laboratorio excesivos o evitando procedimientos quirúrgicos de alto riesgo por temor a represalias carcelarias.
Esta práctica, advierte, satura los servicios de urgencias, encarece los presupuestos de salud y deshumaniza la relación médico-paciente.
Luna Ayala subrayó que, actualmente, los procesos judiciales no contemplan mecanismos claros para ponderar los efectos del desabasto de insumos, equipos defectuosos o la saturación extrema de clínicas.
Al ignorar estas variables, el sistema judicial contraviene el principio de derecho que estipula que “nadie está obligado a lo imposible”, trasladando de forma injusta las fallas estructurales del sector público hacia los hombros de médicos y enfermeras.
Capacitación obligatoria a ministerios públicos
Para operativizar la reforma, la iniciativa mandata a la Secretaría de Salud a coordinar programas de capacitación permanente dirigidos a los agentes del Ministerio Público y personal del Poder Judicial en materias clave como Derecho Sanitario, Bioética y Gestión de Riesgos Institucionales.
La diputada panista puntualizó que proteger al profesional ante las fallas del entorno hospitalario no constituye un privilegio gremial, sino una medida de eficiencia pública encaminada a garantizar una atención centrada en la salud y no en el miedo a los tribunales.
El objetivo final, concluyó, es devolver la seguridad jurídica a quienes dedican su vida a salvar la de los demás, evitando que el desabasto institucional se convierta en una sentencia penal.
