La reforma obligará al IMSS y a la Secretaría de Salud a financiar centros especializados para adultos con espectro autista de alta necesidad, aliviando la crisis que hoy asfixia a las familias cuidadoras.
El marco jurídico y de seguridad social en México enfrenta una omisión crítica: La falta de infraestructura pública para la población adulta con la Condición del Espectro Autista (CEA), que requiere apoyos de alta intensidad.
Cuando los menores con autismo severo crecen, el respaldo del Estado desaparece, dejando la totalidad de la carga económica, física y emocional en manos de familias propensas al colapso. Para revertir esta crisis, el diputado Noel Chávez Velázquez (PRI) impulsa una iniciativa de reforma estructural a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista y a la Ley del Seguro Social.
El corazón de la propuesta radica en establecer por ley la creación, regulación y operación de Estancias de Atención Continua.
La legislación conceptualiza estos espacios como servicios especializados de apoyo permanente que operan en entornos estructurados, supervisados y con intervención profesional continua. El objetivo no es el aislamiento, sino dotar a los adultos de herramientas técnicas para sus actividades cotidianas, favoreciendo su autonomía e integración social sin romper los vínculos con su entorno comunitario.

Nuevas obligaciones para el IMSS y la Secretaría de Salud
El dictamen, turnado para su análisis a las comisiones unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Seguridad Social, redefine el catálogo de derechos fundamentales en el país, incorporando formalmente el acceso a estos servicios para los pacientes y sus familias.
La reforma distribuye responsabilidades técnicas de la siguiente manera:
- Secretaría de Salud: Tendrá la obligación de coordinar a los Institutos Nacionales de Salud y a los organismos de las entidades federativas para regular, diseñar y supervisar bajo estándares estrictos de calidad la operación de cada estancia.
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): Se añaden a sus facultades y atribuciones institucionales el establecimiento y financiamiento de estas estancias de atención continua para derechohabientes con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo de alta necesidad.
Un país a ciegas
La ausencia de un censo nacionalEn la exposición de motivos de la iniciativa se resalta una de las mayores deficiencias de la administración pública actual: La invisibilidad estadística.
México carece de un sistema robusto de registro y seguimiento de la población con CEA a lo largo de su vida, lo que hace imposible dimensionar con precisión cuántas personas adultas viven dentro del espectro, en qué condiciones lo hacen y qué nivel de apoyo requieren, subraya el documento.
Al obligar al Estado a generar una oferta institucional concreta, la reforma busca dar cumplimiento efectivo a los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos y discapacidad. La iniciativa plantea un piso mínimo de dignidad para evitar el desamparo de miles de adultos cuando sus padres o cuidadores principales fallezcan o queden incapacitados por la edad.

