La Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presidida por la diputada Irma Juan Carlos (Morena), aprobó por 25 votos a favor, 0 abstenciones y 0 contra su opinión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2022.
Quisiéramos que a los pueblos se les cumpla porque son tantas las necesidades que persisten, nada más que no alcanza la cobija; sin embargo, no vamos a restar a los temas importantes como es educación e infraestructura hidroagrícola para dar a los demás programas, aseveró.
Agregó que se rescata el programa de derechos indígenas, el cual ha existido en los años pasados, pero ahora no aparece dentro del PEF, aunque es un proyecto fundamental para apoyar, por ejemplo, con asesoría jurídica en grandes conflictos que hay en las comunidades rurales, en acceso a la salud, entre otros rubros.
Con perspectiva de género
El diputado Saúl Hernández Hernández (Morena) comentó que sí es posible analizar una disminución al Programa Sembrando Vida, con al menos 20 millones de pesos y reasignarlo al programa de apoyo de educación indígena, para mejoramiento de su infraestructura.
La legisladora Anabey Garcia Velasco (PAN) indicó que los pueblos indígenas y afromexicanos batallan en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se trata de una partida muy específica.
Alma Rosa Hernández Escobar (PAN) señaló que es necesario dotar de agua a los pueblos, si no se les tendrá en el abandono.
La sábana del presupuesto es muy corta y hay que estirarla, pero el agua y la educación son prioritarios para estos pueblos, sobre todo porque hay comunidades más marginadas que otras, aseveró.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (MC) resaltó que es importante ver que este presupuesto tenga perspectiva de género.
Las mujeres indígenas son las que más la padecen, entendiendo que muchas veces los pobladores varones salen a buscar trabajo a otros estados y las mujeres se quedan, lamentó.
Del PT, Esther Martínez Romano señaló que se debe garantizar a los indígenas su seguridad alimentaria. En algunos programas -arguyó-, los productores tienen poco acceso a ellos; el de microcréditos desaparece y las que salen afectados son las comunidades indígenas.
